Expresó que los legisladores tienen ya una propuesta de reforma a la norma familiar, y se espera que a la brevedad posible pueda ser analizada y aprobada para que el TSJ pueda contar con un marco legal que le permita sustituir los juicios familiares tradicionales.

Indicó que la tendencia no es sólo la tecnificación de la administración de justicia, sino avanzar en la implementación de la oralidad en los juicios familiares, porque es una parte muy sensible en la que el tribunal tiene un serio problema derivado del gran volumen de juicios que genera un retraso en los procesos.

“Entonces es urgente que avancemos hacia esa parte y seguros estamos que el Congreso del estado será solidario en generar una política pública de una administración de justicia ágil”, afirmó.

El proyecto para instaurar los juicios orales familiares data desde agosto del 2013 e incluso en ese año se acondicionó un área en la sede del TSJ para implementar un plan piloto, que a la postre se ampliaría para suplir los juicios tradicionales en la materia.

Debido al retraso por parte del Congreso en la discusión de las modificaciones al Código Familiar y otras normas relacionadas, el proyecto se disipó y entonces el TSJ enfocó su atención tanto en la implementación de los juicios orales mercantiles (derivado de la reforma al Código Mercantil impulsada por el Senado de la República) y en la creación de una central de actuarios, que fue instalada en el lugar donde originalmente se pretendía hacer una sala de juicio oral familiar.

De acuerdo con el TSJ, se estima que el 50 por ciento de los juicios civiles están relacionados con divorcios voluntarios o necesarios, intestamentarios, guarda y custodia y pensiones alimenticias.

La idea de instaurar los juicios civiles orales es despresurizar los juzgados civiles y agilizar tanto los procesos como las sentencias, en casos en los que existen voluntad de las partes para llegar a acuerdos, como son los divorcios voluntarios, las autorizaciones a menores para salir del país y asuntos de menor complejidad que pueden solucionarse de inmediato.

Ya en una segunda etapa, el proyecto abarcaría los juicios contenciosos que son los más difíciles por las circunstancias personales entre los intervinientes.