El secretario general de la Sección 29 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud subrayó que finalmente se logró la primera etapa de regularización de trabajadores, que antes eran homologados. Pero hizo notar que se trata de un beneficio que se alcanzó con recursos federales y por decisión de la Presidencia de la República, con la Secretaría de Salud federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con su dirigente nacional Joel Ayala Almeida.
Recordó que desde hace cinco años, los líderes sindicales de los estados expusieron que los gobiernos estatales se negaban a pagar prestaciones y de ahí se derivó dicho programa, cuyo mérito ahora la administración local pretende adjudicarse.
Magadán Salazar subrayó que lo más importante es que ya hay mejores condiciones para los trabajadores, pero denunció que una vez que se logró la regularización, ahora hay actos que generan un ambiente adverso en el sector.
Explicó que para dicho proceso se formó una comisión bipartita en Morelos – de manera similar a la que se instaló en el nivel federal para concretar el acuerdo- en la que estuvo la representación oficial encabezada por la directora de los Servicios de Salud Patricia Mora González, y directivos de administración y del Seguro Popular y por el otro lado, la dirigencia sindical.
Expuso que una vez que se dio este importante paso, “desafortunadamente como ya es costumbre, ahorita ya se empezaron a violentar acuerdos”. Dijo que por instrucciones de la Secretaria de salud Vesta Richardson López Collada, la autoridad comenzó a imponer cambios de adscripción a trabajadores.
“Nosotros trabajamos y firmamos un documento de buena fe, pero ahora nos están aplicando la de los bancos, como si hubiera letra chiquita para luego hacer lo que quieren”, pues argumentó que en el convenio, se estableció una cláusula en la que se plantea el compromiso de revisar las plantillas y que en los posibles cambios se tomaría en cuenta que fuera factible, de acuerdo a la unidad y hasta el domicilio del trabajador. A consideración del dirigente del sindicato, “era lógico que antes de ejecutarlos, serían planteados en la comisión mixta”.
Pero, reclamó “ahora resulta que ya están haciendo cambios, de forma prepotente e irrespetuosa, lo que genera más clima de confrontación. Los acuerdos de esa mesa no son respetados por la secretaria, la doctora Vesta Richardson es quien ordena, hace y deshace, mantiene acotada a la doctora Mora”.
Manifestó que lamenta lo que está ocurriendo, porque se pactó con el secretario de Gobierno Jorge Messeguer Guillén una tregua, “pero vemos que esos acuerdos no se respetan, lo que deja en entredicho al propio Messeguer. Por eso vemos que para la secretaria no hay acuerdos que valgan y queremos llamar al gobernador, a que queremos trabajar directamente con él, porque no hay nadie más, con quien dialogar, para que los compromisos se cumplan, como con él”. Insistió en que las inconformidades de los trabajadores crecen día a día, y el propósito es evitar salir a las calles, a manifestarse porque los más afectados serían los ciudadanos.
De acuerdo con Magadán Salazar, se regularizó a 444 trabajadores, y apenas se concretó lo anterior y ya tienen al menos cinco quejas de trabajadores a los que se les pretende cambiar de centro de trabajo, sin al menos darles aviso previo, como lo marca el ordenamiento, de 15 días de anticipación.
Puso como ejemplos los casos de una anestasióloga del Hospital General de Cuernavaca “José G. Parres”, a quien le avisaron un día antes que tenía que irse al Hospital de Temixco. “Además, lo hacen mal, envían un oficio a la dirección de personal del hospital de Jojutla, para que una doctora se vaya al hospital de Temixco y ella está en Tetecala, y eso sin avisar al sindicato, como se había acordado”.
Comentó que por otra parte, a otra anestesióloga, que estaban en el Hospital de la Mujer, que ya llevaba cinco años trabajando ahí – en su momento de contrato- de la noche a la mañana la cambian de turno, “sólo por actitud revanchista, prepotente y con toda falta de seriedad”.
Apuntó que otro de los motivos de inconformidad de la base trabajadora es que se entregaron uniformes que presuntamente corresponden a la prestación del año 2013, pero “de pésima calidad”, y nos faltan los del 2012. “Los compañeros dicen que son tan malos, que están organizando una quema de uniformes o donarlos a alguna escuela, porque para el trabajo que se realiza en las unidades de salud no son los adecuados”, abundó.
En este punto, Magadán Salazar llamó a que se muestren públicamente los datos de la licitación para la adquisición de esos uniformes, lo que se gastaron y a quién los compraron, para dar transparencia y conocer si el gasto coincide con la calidad de las prendas.
