El presidente de la organización, Juan Juárez Rivas, expresó que existen por lo menos 50 órdenes de aprehensión no ejecutadas en los últimos dos años y cuyas víctimas siguen a la espera de que sus agresores sean llevados a los tribunales.

Explicó que los delitos sexuales también deben ser considerados entre los delitos de alto impacto por los daños a las víctimas y sus familias, pero desafortunadamente las autoridades por dar prioridad al secuestro, se han olvidado de integrar las carpetas de investigación y ejecutar la aprehensión de decenas de agresores.

Ejemplificó con el caso una joven universitaria que hace dos años fue agredida sexualmente por sus compañeros de clase, quienes a pesar de estar plenamente identificados por la víctima, no han sido aprehendidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales para ser juzgados.

“Parece que eso no importa (los delitos sexuales), sí importa el secuestro, sí importa la delincuencia organizada, pero cuando una víctima va y denuncia y sigue el tortuoso camino de la integración de una carpeta y el juez correspondiente dicta la orden de aprehensión, bueno pues la procuraduría (sic) debe de ejecutarla”.

Afirmó que siendo reclamo nacional el tema es el secuestro, las autoridades se han olvidado de perseguir, combatir y sancionar otros delitos, lo que pone a las víctimas en una situación de vulnerabilidad ante la imposibilidad de recibir justicia pronta y expedita, especialmente en ilícitos en que la integridad física y psicológica han sido ultrajadas, como es el caso de los delitos sexuales en agravio de mujeres e infantes.

Por ello, llamó a la ahora Fiscalía General del Estado ejecutar las órdenes de aprehensión giradas por los jueces contra presuntos ofensores sexuales, de lo contrario, seguirá la doble victimización, la impunidad y la exposición de las víctimas ante sus agresores.