Con su publicación, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la reforma al párrafo cuarto del Artículo 79 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, cuya finalidad es garantizar que los servidores públicos a cargo de las finanzas municipales no sólo enfrenten responsabilidades penales o administrativas, sino que exista la posibilidad de resarcimiento del detrimento al presupuesto municipal.

La tesorería es una de las principales áreas de la administración pública municipal y su importancia resalta en la responsabilidad de llevar a cabo una buena administración de los recursos financieros disponibles.

A cargo del tesorero municipal están la recaudación, el depósito y la custodia de los fondos y valores municipales, así como la correcta aplicación de la Ley de Ingresos del Municipio y la comprobación de los egresos correspondientes para la operación de la administración.

En razón de ello, el Artículo 79 de la Ley Orgánica Municipal establecía que además de cumplir con un perfil y ciertos requisitos, el tesorero o tesorera, antes de asumir funciones, debe depositar una fianza, cuyo monto es fijado básicamente por el Ayuntamiento encabezado por el presidente municipal.

Sin embargo, con la reforma a este artículo, el Congreso del estado estipuló que la fianza no debe ser inferior al uno por ciento del presupuesto municipal y permanecerá vigente hasta que la ASF revise las cuentas públicas, dé por cubiertas las observaciones y libere las cuentas públicas de los municipios.

“De esta forma la finalidad u objetivo es la protección del dinero público o también denominado recursos públicos, asimismo resulta relevante y trascendental, el hecho de que se establezca la  durabilidad de la fianza, siendo esta hasta la liberación de la cuenta pública, esto con el objetivo o finalidad de garantizar la responsabilidad de llevar a cabo una buena administración de los recursos financieros y estos se lleven a cabo para lo que están destinados, en beneficio de los habitantes de cada Municipio, así como la correcta aplicación de las Leyes de Ingresos de cada Ayuntamiento de nuestra Entidad Federativa, Morelos”, justificó en el decreto vigente desde este jueves.

Esta reforma se da en un contexto en el que varios ex presidentes y ex tesoreros municipales enfrentan procesos administrativos o penales por irregularidades en el manejo de las finanzas y el presunto delito de peculado.