Su abogado, Cipriano Sotelo Salgado, explicó que el juzgador, “de manera absurda”, desechó en automático la petición de cambio de medida cautelar, a pesar de que hay elementos jurídicos que permitirían la excarcelación del ex funcionario y enfrentar el libertad su proceso, en tanto se aportan los pruebas para comprobar que no incurrió en el delito de peculado agravado que se le imputa.
Sostuvo que el juez no permitió a la defensa exponer los argumentos jurídicos sobre la petición de la sustitución de la medida cautelar contra el ex secretario, lo que hace suponer que “hay línea política” para mantenerlo en prisión.
“Ni siquiera nos da la oportunidad de escucharnos, eso habla del contagio político que tiene el asunto, ¿no? Somos abogados y hay que hacerlo con la ley en la mano, pero tampoco vamos a permitir que se juzgue por líneas políticas. Entonces (queremos) pedirles a los magistrados, a la presidenta del TSJ que saque las manos del asunto y se ventile conforme la ley lo señala.”
Sotelo Salgado argumentó que la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) aprobó la cuenta pública 2012 del Poder Ejecutivo que correspondiente a los últimos meses de la gestión del ex gobernador panista Marco Antonio Adame Castillo, y en su momento fueron solventadas todas las observaciones, ya que ahí se comprobó que si bien los 173 millones de pesos que se alude en la acusación no fueron depositados en el Instituto de Crédito de los Trabajadores al Servicio del Estados, sí fueron aplicados en otros programas gubernamentales.
De tal manera, resaltó, no existe el peculado agravado que se le imputa a Alfredo Jaime de la Torre porque está justificado que el dinero no se lo quedó él, sino que fue aplicado en otros rubros gubernamentales; en todo caso, se podría acusar un posible desvío, que fue motivado por una orden, y que implica que podría recuperar su libertad por tratarse de un delito no grave.
“Entonces eso habla que ya fue fiscalizado ese dinero, se aprobaron las cuentas públicas. Yo le dije al juez que me diera audiencia para presentarle ese documento y se sale por la tangente diciendo que se desecha mi petición”, dijo.
Recalcó que en el documento entregado a la defensa sobre la petición, el juez argumentó que la defensa no demostró que Jaime de la Torre no ya no era funcionario cuando cometió el delito.
“Es una tontería eso, ése es un elemento de elemento del delito, se necesita ser servidor público para cometer peculado… Es una barbaridad lo que dice el juez, por eso estamos apelando, y eso habla pues y prende las antenas.”
Por ello, hizo un llamado no sólo a los juzgadores a evitar la politización de la justicia y que el proceso penal del ex funcionario se desahogue conforme a derecho.
“Si se resuelve con estricto apego a derecho, el contador debe tener su libertad de manera inmediata, porque no hay ningún elemento que impida su libertad, salvo las decisiones políticas”. Por ello –insistió–“pedimos respeto total a la legalidad y que se le dé chance de defenderse con la ley en la mano”.
