Un ejemplo es el caso de Guillermina “N”, quien la mañana del 20 de febrero sufrió un asalto violento en la colonia Flores Magón.
La mujer caminaba sobre la banqueta cuando un taxi Nissan Sentra, modelo antiguo, sin placas pero con rótulos que indicaban “Jiutepec”, la interceptó y una persona que salió de la ventanilla trasera del auto se abalanzó sobre ella, la sacudió y aventó contra el piso para así despojarla de su bolso.
Tras lo sucedido, la víctima corrió a pedir auxilio a la policía municipal de Cuernavaca, pero dos elementos tomaron los datos de la mujer y le indicaron que no podían hacer nada porque -aseguraron de facto y sin titubear- los asaltantes había huido hacia Jiutepec, por lo que le recomendaron acudir a la procuraduría a hacer la denuncia.
Dispuesta a cumplir con su deber ciudadano, emprendió el viacrucis. Acudió a la sede del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, ubicada en bulevar Juárez, en el Centro de Cuernavaca. Ahí habría tardado cerca de 40 minutos en levantar su denuncia, pero el agente del Ministerio Público le indicó que tenía que ir a la sede de la PGJ a entregar la orden de investigación, si es que deseaba que se le diera curso a la carpeta por robo violento a transeúnte.
Ya en el sector central de la fiscalía estatal, una persona le indicó que tendría que ir al área de agencias foráneas del Ministerio Público, pues así se indicaba en la orden de investigación. Al llegar ahí, una secretaria que se encontraba atendiendo varios trámites, le ordenó que subiera al siguiente piso a entregar el documento.
Ya ahí, la otra secretaria o recepcionista le indicó que en ese lugar no era, que regresara a la planta baja con la persona que la había mandado, por lo que retornó al lugar de origen, donde la secretaria, un tanto ofuscada por la desesperación de atender el teléfono, recibir oficio y atender casi simultáneamente a varias personas, le indicó que regresara a la planta alta.
Luego del sube y baja, fue canalizada a la agencia del Ministerio Público en turno donde después de 20 o 30 minutos, fue enviada a la agencia de imputado desconocido; ahí nuevamente le informaron a la víctima que no era el lugar donde tenía que entregar la orden de investigación.
Desesperada, la mujer decidió tomarse cinco minutos para no perder la cordura y después reinició el peregrinar por las instalaciones del sector central de la procuraduría. Finalmente, una trabajadora de la institución le ofreció apoyo y después de otros 40 minutos, al fin llegó al área donde pudo entregar la orden de investigación.
Guillermina narró que el policía ministerial amablemente la atendió y pidió repetir cómo ocurrieron los hechos y posteriormente, como el clásico cliché de las tramas policíacas televisivas, el agente le dio su tarjeta y le indicó “si ve algo o tiene información de los sospechosos, llámeme”.
A pesar de que las autoridades estatales anunciaron que mejoraría la atención a las víctimas del delito, lo cierto es que hasta hoy hay testimonios que constatan que sigue siendo un calvario acudir a presentar una denuncia.
Forman frente para exigir justicia
Otras víctimas que no han visto que emerjan resultados de la procuraduría, son los familiares de personas desaparecidas y asesinadas durante los últimos años en Morelos. Debido a ello, ayer fue anunciada la conformación de un frente de víctimas de la violencia y delincuencia, para buscar justicia en sus casos y el de otras familias.
Ana Luisa Garduño, madre de Ana Karen Huicochea, joven asesinada el pasado mes de diciembre de 2012, informó que tanto su caso como el de decenas de familias permanecen en la impunidad, por lo que optaron por buscar alternativas y vías de apoyo mutuo.
“Aquí la idea es hacer un frente también para enseñarle a las víctimas cuáles son los caminos que tienen que seguir, para que no vivan los atropellos que nosotros hemos vivido en carne propia, para ayudarlos a que lleguen a las dependencias indicadas y tengan las respuestas prontas, que sus carpetas sean bien integradas; ésa es la idea de este frente de víctimas”, sostuvo.
