A mediados de marzo de 2013, entraron en vigor las reformas a la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, por lo cual, el Congreso del Estado decidió incrementar las penas para los menores involucrados en delitos considerados como graves.

Originalmente, en los artículos 109 y Séptimo transitorio de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, se contemplaba una sanción máxima de tres años a los menores infractores de entre 14 y menos de 16 años de edad.

Con la reforma la sanción es de uno a cinco años, tratándose de delitos graves, y excepcionalmente hasta siete años para el caso de homicidio doloso, violación, secuestro y delitos contemplados por la Ley General de Salud y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que tengan el carácter de graves.

Por cuanto al grupo de adolescentes, entre 16 y menos de 18 años de edad, anteriormente se contemplaba una sanción máxima de hasta cinco años de internamiento; sin embargo, las penas no podrán ser menores de un año ni exceder de siete años, pudiendo imponerse hasta nueve años de internamiento cuando se traten de delitos graves, tanto del fuero común como del fuero federal.

A un año de la reforma que fue justificada por los diputados de la LI Legislatura como necesaria, la titular del TUJA afirmó que no se ha notado un descenso en los delitos cometidos por menores de 18 años.

Pérez Güemes y Ocampo expresó que está demostrado que el aumento de las sanciones no tiene efecto inhibidor en los índices de delitos, por ello es necesario canalizar los esfuerzos institucionales a políticas públicas y no al castigo de los menores.

“Nunca, en ningún caso, aun en el sistema de adultos, el incrementar las penas va a bajar la incidencia delictiva. Lo que se tiene que hacer son políticas públicas que atiendan todas las necesidades que tiene la comunidad: empleo, educación, valores con las familias, una serie de programas que ayuden a que baje la incidencia delictiva. Las altas penas no van nunca a terminar con la delincuencia”, dijo.

La magistrada presidenta del TUJA señaló que el tribunal tiene un incremento de un 10 por ciento, en el número de casos atendidos en relación con el año anterior, siendo el robo la principal conducta antisocial por la cual los adolescentes son puestos a disposición del tribunal especializado.

Sin embargo, manifestó su preocupación porque adolescentes y jóvenes con cierto perfil, se dedican a actividades ilícitas. “Los jóvenes que están delinquiendo no son niños en situación de calle, no están en la miseria; son jóvenes que por lo menos tienen una persona que se hace cargo de ellos y la mayoría tiene oportunidades de estudio, entonces habría que revisar. Yo no lo sé, me declaro ignorante en este sentido, yo no sé qué esté pasando con estos chicos que sí van a la escuela y que están delinquiendo”, finalizó.