Ante la polémica por las restricciones para los medios de comunicación instauradas en el Código Penal Único aprobado por el Congreso de la Unión y que espera su publicación en el Diario Oficial de la Federación, indicó que siendo Morelos una de las tres entidades donde opera al cien por ciento el nuevo sistema oral de justicia penal, será de los primeros estados en tener que interpretar y aplicar las nuevas disposiciones con base en la protección de los derechos humanos y sobre todo el principio de presunción de inocencia.
Expresó que la legislación adjetiva penal estatal tiene similitudes al nuevo código nacional y de ahí que “consideramos que no nos va a costar trabajo (aplicarlo) en el momento en que empiece ya su vigencia”.
Indicó que por el momento, la cobertura de los juicios orales en Morelos por parte de medios de comunicación seguirá bajo los lineamientos que establece la norma local, es decir con la única restricción de no tomar fotografías que revelen la identidad del imputado, la víctima o ambos, así como reservar los nombres de las partes involucradas en el proceso.
Indicó que el nuevo sistema oral de justicia penal tiene por regla privilegiar el principio de presunción de inocencia y reguardar la identidad para quienes no han sido condenados por un delito. Sin embargo, será necesario conocer las disposiciones incluidas en el Código Penal Único para que los jueces y magistrados de Morelos estén en condiciones de realizar la interpretación normativa ponderando los derechos de los imputados, las víctimas y el derecho de la sociedad a saber lo que ocurre en el Poder Judicial.
“Por cuanto a los medios de comunicación tendremos que ser muy cuidados en la interpretación de lo que establece el código en ese sentido. ¿Por qué?, porque como es un código que todavía no entra en vigencia, sino todavía va a terminar el proceso legislativo, tendríamos que ver que una vez que esté implementado, puede darse una interpretación a esa disposición justamente. No podría yo asegurar o adelantarme a decir ‘lo medios no entran’ o ‘si entran con ciertas restricciones’. Hay que analizar con mucho cuidado esa disposición y hacer una interpretación lo más adecuada posible para mediar los derechos de los que yo hablaba”.
Explicó que necesariamente los impartidores de justicia tendrán que hacer una ponderación de derechos, “porque así como la sociedad tiene derecho a ser informada de lo que pasa en los tribunales, también las partes que intervienen en esos procesos tienen derecho a su privacidad, a que no sean señalados como responsables de la comisión de un ilícito a la luz del principio de presunción de inocencia, y también las víctimas de alguna forma tener esa seguridad en que no se va difundir su situación personal porque pudiera ponerse en una situación de riesgo”.
“Entonces, vamos a llegar a un momento en que necesariamente tengamos que hacer una interpretación de esa disposiciones y una ponderación de derechos para evitar transgredir y hacer una interpretación o una aplicación (de la norma) de la manera más equitativa para todos y que no se violen derechos de nadie”, concretó.