“¡Gobierno de Texas, no violes los derechos de Edgar Tamayo! ¡Edgar, amigo, Morelos está contigo!”, fueron parte de las consignas que exigían al gobernador texano Rick Perry frenar la ejecución.

La prima de Edgar, Delfina Cruz Arias, suplicó el perdón de las autoridades texanas y advirtió que si son ignoradas las peticiones de clemencia, "vendrá la justicia divina". 

“Yo siento que va a ver una resolución que va a tocar el corazón de las personas que tienen que tomar esta decisión y que mi primo va a recibir el perdón. Y pienso que si llegarán pues aplicarle la inyección que dicen, pues van a cometer una injusticia que van a lamentar después, si es que son padres, en algún momento van a recibir ahora sí que la ley del karma”, expresó.

Cruz Arias, quien tiene en su mente la imagen de Edgar cuando lo vio por última vez siendo un adolescente inquieto, señaló que el juicio y la condena a la pena de muerte fueron injustas porque nunca se comprobó que él hubiera disparado un arma de fuego y asesinado al policía Guy Gaddis la noche del 31 de enero de 1994 en Houston, Texas.

“El gobernador (de Texas) pareciera que no tuviera corazón, lo tiene de piedra o qué pasa, por qué no se tienta tantito el corazón y se apiada de mi primo. Sabemos que y él sabe perfectamente que es inocente. No hay pruebas, le hicieron las pruebas de si había hecho él (Edgar) el disparo y no se las encontraron. Entonces qué pasa, ¿es racismo? Así lo vemos nosotros y la verdad estamos indignados”, dijo.

Los manifestantes, varios de ellos miembros de organizaciones independientes de derechos humanos y campesinos, sostuvieron que desde su detención fueron violados los derechos humanos de Edgar y fue condenado sin haber pruebas contundentes de su responsabilidad en el homicidio del policía.

A la fecha diez mexicanos ha sido sentenciados a la pena capital en EEUU, el primero en ser ejecutado en la silla eléctrica fue Agapito Rueda en 1926 y el último Humberto Leal García en 2011. Actualmente cerca de 50 connacionales están sentenciados a muerte.

Sin embargo, activistas y defensores de los derechos humanos temen que se desate un ola de ejecuciones de mexicanos en los Estados Unidos, en donde los estados Texas, Virginia y Oklahoma concentran la mitad de las mil 200 ejecuciones registradas desde 1977, fecha en que se reactivó la pena de muerte.

Por la tarde se hizo público que un juez de Texas denegó el recurso solicitado para detener la ejecución de Tamayo Arias, que previsiblemente recibirá hoy una inyección letal.