La representante de los jueces en el Consejo de la Judicatura, María Emilia Acosta Urdapilleta, señaló que los juzgadores tienen sobrecarga de trabajo, debido a la judicialización de la mayoría de los asuntos que llegan a la Procuraduría General de Justicia.

Indicó que a los juzgados llegan casos de cuantías ínfimas que saturan la impartición de justicia e impiden que los jueces se concentren en asuntos de alto impacto y trascendencia social.

Recalcó que “la justicia alternativa no se está dando”, cuya aplicación recae en el Centro de Justicia Alternativa de la procuraduría, y los “asuntos que nosotros podríamos llamar de bagatela se están judicializando, cuando podrían resolverse mediante la justicia alternativa, esto quiere decir que el juez se carga de una infinidad de trabajo”.

Señaló que el Consejo de la Judicatura tomó medidas para apoyar a los juzgadores con la contratación de personal, en la medida de las posibilidades presupuestales, pero la carga de trabajo sigue en aumento ante la falta de operatividad del Centro de Justicia Alternativa de la PGJ.

“Todos (los asuntos) impactan en el Poder Judicial porque todos llegan allá, entonces aparentemente el Judicial es el que se carga y es el que pudiera llegar a colapsar, si efectivamente no hay una colaboración interinstitucional”.

Acosta Urdapilleta ejemplificó algunos casos que llegan a los juzgados y que no son resueltos a través de los medios alternos de resolución de conflictos en materia penal.

“Un allanamiento de morada en donde a lo mejor alguien entró, o algún fraude menor o un robo al Oxxo, pues son cuantías muy, muy bajas, en donde no tendría que llegar hasta el Poder Judicial a judicializarse el asunto. ¿Por qué? Porque hay la reparación, hay la posibilidad de la reparación mediante la justicia alternativa porque las cuantías son muy bajas. Entonces, de repente, llegan por un robo al Oxxo de unas papitas, pareciera absurdo ¿no?”.

“Todo el andamiaje que se tiene que echar andar para que el juez tenga sus audiencias, todo lo que implica económicamente para el Poder Judicial, el desgaste de la sala de video, el personal que tiene que realizar la audiencia, que lo tiene que vigilar, la transcripción, el tiempo que tiene que ocupar el juez para el control”, explicó.

Agregó que este es uno de los temas que se comentarán en los próximos conversatorios entre las instituciones operadoras del sistema oral de justicia penal, con el fin de cada una colabore y lleve a cabo las funciones que les otorga la ley.