Maestros de la disidencia demandaron que cuanto antes sea instalada una mesa de trabajo, en la que sean tomados en cuenta para analizar la llamada "reingeniería" del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), al sostener que la información que se ha dado con respecto a este proceso es muy limitada, y no confían en que sus derechos estén salvaguardados con la "desaparición" del organismo.
Yosmin Castillo Castrejón, representante de la Coalición de Trabajadores de la Educación en el estado de Morelos, insistió en que las recientes declaraciones de autoridades educativas sobre la transformación el instituto y la posible creación de una subsecretaría de educación básica, en el organigrama del gobierno estatal, sólo han generado más preocupación.
"Nosotros exigimos que se abra una mesa de debate y diálogo, en la que esté integrada la representación sindical, junto con sus asesores jurídicos, para que una vez armonizada la Ley de Educación del estado de Morelos, con las Condiciones Generales de Trabajo y la Ley del Servicio Profesional Docente, pueda el Ejecutivo enviar esa propuesta al Congreso local y se aborde este aspecto".
Confió en que en el Poder Legislativo podrían salvaguardar los derechos y conquistas sindicales que hasta ahora tiene el magisterio, porque las afirmaciones en el sentido de que toda esta llamada "reingeniería" no dañará a la base, "tiene que quedar por escrito, los papelitos hablan, las palabras se las lleva el viento. Ahorita están los actuales funcionarios y líderes, pero ¿quién nos garantiza que si hay un cambio en cualquier de las dependencias o incluso en la dirigencia magisterial, se seguirán respetando esos derechos?".
Tanto la directora del IEBEM, Marina Aragón Celis, como el secretario de Educación René Santoveña Arredondo, han señalado que se trata de un estudio donde se analiza la posible creación de una subsecretaría y que esa determinación la tomará el titular del Ejecutivo, además, indican que de ser así, se respetarían las prestaciones que actualmente tienen los trabajadores de la educación.
No obstante Castillo Castrejón destacó que hay rubros en los que se tiene que precisar qué pasaría con esta transformación y cómo se van a concretar las reformas federales, en cuanto al manejo de la nómina de los maestros que será centralizada en la federación.
Insistió en que no les bastan las declaraciones y tiene que haber acuerdos en minutas, "porque reiteramos que el secretario de Educación dice que no nos van a afectar el aguinaldo de 90 días, pero hay un decreto de Hacienda federal que dice que se otorgarán 40 días de aguinaldo. Nosotros no estamos dispuestos a ir marcha atrás".
Aseveró que hay otros casos en los que no se está cumpliendo con lo acordado, puso como ejemplo que él ha solicitado que se le pague el salario desde el 2 de julio con cheque, porque en base con un decreto de Hacienda, les pagan vía electrónica, pero la Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 106 que este proceso se realiza previo consentimiento del trabajador.
Ante la protesta, el jurídico del IEBEM le respondió que era improcedente su solicitud porque existe un reglamento interno que establece el pago por tarjeta. Lo anterior, pese a que un reglamento no puede estar por encima de una legislación. "Por esa serie de anomalías y de inconsistencias, nosotros pedimos que todo quede asentado en documentos", aseveró.
En otro punto, hizo referencia a la información que dio a conocer la directora del IEBEM en cuanto a que no habrá recortes, sólo redistribución de personal.
Al respecto, los maestros exigen que haya transparencia en esa reasignación de centros de trabajo. "Los hechos hablan y tal parece que a los familiares y cercanos de funcionarios se les quedan los lugares más cercanos, en los municipios conurbados de Cuernavaca, y compañeros que no tienen ningún padrino o parentesco, nos los vayan a mandar a sitios muy lejanos".
Aunque aseguró estar de acuerdo con que se redistribuya el personal en las funciones que le corresponde, Castillo Castrejón llamó a que en esa re-adscripción o redistribución, se tome en cuenta el derecho de antigüedad, y con base a ese criterio, se les asigne un nuevo centro de trabajo.
Sostuvieron que no habrán de permitir recortes de personal, en tanto que algunos funcionarios, "han seguido otorgando plazas nuevas a familiares".
Por otra parte consideró que lo justo sería que si algún trabajador que tenía plaza de intendencia o de maestro, y en la práctica laboraba como docente, o como subdirector o en otras funciones, se les pague la diferencia porque se les debió reconocer el salario que les correspondía y en muchos casos no se cumplió.