“La iniciativa que lanzó la diputada del PAN, es interesante, porque se va a adicionar al código penal las cuestiones de discriminación. La Comisión va a recibir la iniciativa para poder hacer una aportación, ojalá nos permita dar nuestro punto de vista porque es importante apoyar acciones para evitar la discriminación por género, por cuestiones religiosas o educativas entre niñas y niños” opinó la ombudsman morelense, al referir que “nos falta mucho por hacer en la cuestión de inclusión de personas con discapacidad, adultos mayores, grupos indígenas y que podamos incidir para que la población no se deje cuando hay actos u omisiones de servidores públicos que pongan en una situación de vulnerabilidad a cualquiera de estos sectores” declaró Lucero Benítez Villaseñor, ombudsman de Morelos.
Reiteró que siguen siendo las personas con discapacidad las de mayor discriminación, ya que al ser un sector que ha crecido, “hace falta preparación de los servidores públicos en cuanto a obra pública, ya que no toman en cuenta a ese sector y siempre trabajan para reparar, remodelar o construir otras cosas, pero no para que existan espacios y lugares con accesibilidad para los discapacitados” como son rampas, caminos, letreros para personas que son débiles visuales; o bien, el que no existen escuelas que tengan el sistema Braille o se dé cumplimiento a que personas de la tercera edad tengan descuento en el transporte público.
Después de los discapacitados, están los niños y mujeres -estás últimas en una situación grave de discriminación-, quienes siguen siendo discriminados; y “en una igualdad de circunstancias, las personas de la tercera edad y luego las personas de talla baja”, la cuales, dijo Benítez Villaseñor, “no son censadas, no son tomadas en cuenta, no son contempladas en la ley para la discapacidad y es un sector muy discriminado. No tienen médicos especialistas, no hay accesibilidad en centros comerciales, ni trabajo para ellos, vaya, es un sector olvidado que no está contemplado para nada”.
Finalmente, recordó que también existe gente en prisión que “no tuvo un juicio adecuado y justo por no entender el castellano y porque no hay ministerios públicos que los puedan atender, ya que no hablan su lengua” y esto significa también una total discriminación y atención injusta a personas que son vulneradas en sus derechos fundamentales.
