Cabe recordar que los “diez policías federales inculpados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal y consignados ante el juez del séptimo distrito por el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés”, detalló el abogado. Estos diez elementos estaban en el penal de Atlacholoaya, sin embargo, fueron trasladados al penal de Perote, en Veracruz.

En relación a la audiencia o ampliación de declaración que se dará en los primeros días del próximo mes, Paredes Sotelo abundó que serán dos tipos de testimoniales los que ofrezcan los testigos que serán llamados a esta audiencia. Unos aportarán la versión de cuando la empresaria fue detenida en su negocio ubicado en el bulevar Cuauhnáhuac; y otros de cuando los elementos ingresaron al domicilio de esta mujer, dedicada al ramo ferretero.

Estos testigos serán sujetos a un interrogatorio por parte de la defensa de los procesados, cuya intención es señalar “que la víctima no fue detenida en su negocio, lo cual es totalmente falso, ya que existen videos que prueban lo contrario, pero es parte de la estrategia de la defensa”.

Enrique Paredes aseguró que los avances de este caso van bien y que su clienta ya rindió declaración durante cuatro horas y “nunca pudieron hacerla caer en alguna contradicción, por lo que todo va bien y esto va a ser una pena ejemplar para ese tipo de funcionarios públicos”.

Asimismo, informó que también “van a declarar los agentes aprehensores, que son los mismos de la Policía Federal adscritos a Morelos, así como el comisario de la PFP que fue parte fundamental de la detención. Posteriormente viene el cierre de instrucciones y después la sentencia”.

El hecho de que los inculpados hayan sido llevados a un penal de Veracruz, es inconveniente porque se les retrasa el proceso y no podrán estar presentes en las audiencias más que en videoconferencia, finalizó Paredes Sotelo.