Es decir, primero debió recurrir a las autoridades fiscales para impugnar el cobro de alrededor de 950 mil pesos que reclama el Ayuntamiento de Cuautla, por concepto de predial de la Unidad Habitacional Militar, ubicada en ese municipio.

“La Justicia de la Unión no ampara ni protege al SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL, por conducto de su delegado Coronel de Justicia militar Alberto Ramírez, Sexto Agente adscrito a la Procuraduría General de Justicia Militar, contra el acto que reclamó de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del poder Judicial del Estado de Morelos”, dice la resolución del tribunal colegiado.

La Sedena argumenta que la Unidad Habitacional Militar está exenta del pago de impuesto predial porque está destinada al servicio público, sin embargo, la autoridad municipal sostiene que esta hipótesis no se aplica porque las viviendas son de uso particular.

Al requerir el ayuntamiento el cobro del predial, la Sedena promovió un juicio de nulidad ante el TCA, que desechó la demanda por considerar que la institución militar no había agotado los medios ordinarios de defensa ante las autoridades fiscales.

Finalmente, un tribunal colegiado determinó confirmar la sentencia y negar el amparo a la Sedena contra el desechamiento del TCA. No obstante, la institución militar podría intentar otros caminos jurídicos.