Este viernes, finalmente fue signado el documento con el que se formaliza el citado mecanismo producto de la labor que inició hace dos años, y que se retomaron hace algunos meses, por una comisión de trabajo en la que participaron periodistas, varias instancias del Ejecutivo estatal (como la Consejería Jurídica, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Gobierno), el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, y la Comisión Independiente de Derechos Humanos.
El mecanismo contempla, la creación de un Consejo Consultivo integrado por autoridades de seguridad del Poder Ejecutivo y representantes del Poder Judicial, así como un subcomité se seguridad para aplicar medidas urgentes a los periodistas.
El documento en total contiene 27 artículos, en los cuales se establece la creación de dichos órganos deliberativos, su integración y sus obligaciones, las medidas urgentes a los comunicadores amenazados, el diagnóstico de riesgo, el tratamiento de cada caso con perspectiva de género.
También establece las recomendaciones generales de autoprotección y la obligación del Gobierno Estatal de garantizar los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para atender los asuntos de riesgo en los que se encuentren los comunicadores, tanto reporteros como camarógrafos y fotógrafos de los diversos medios informativos. Se contempla la activación del mecanismo, en casos que van desde amenazas de crimen organizado, hasta coberturas de desastres naturales y movimientos sociales, así como agresiones por parte de servidores públicos.
En el acto formal, el periodista David Monroy expuso que en Morelos ha habido documentados al menos diez agresiones contra periodistas en los últimos cuatro años, además de las amenazas en contra de comunicadores, que en algunos casos ha implicado a necesidad de dejar el estado para refugiarse en el Distrito Federal. “Estas cifras ejemplifican el alto riesgo de la profesión periodística y fundan la inquietud que hemos tenido reporteros, camarógrafos y fotógrafos de varios estados y del Distrito Federal para generar mecanismo de seguridad y protección para quienes integramos el gremio, y exigir al estado mexicano cumplir con su responsabilidad de salvaguardar los derechos a la libre expresión, el derecho a saber y acceso a la información pública”, expresó.
A nombre de la comisión de periodistas, llamó al gobernador electo a que dé cumplimiento a dicho convenio y el mecanismo, y se planteó la necesidad de la publicación del referido documento en el Periódico Oficial, a lo cual se comprometió revisar en lo inmediato el secretario de gobierno actual.
El documento fue signado por el secretario de Gobierno Óscar Sergio Hernández Benítez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMOR), Lucero Benítez Villaseñor; el magistrado Andrés Hipólito Prieto, en representación del Poder Judicial; la directora del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Mirna Zavala Zúñiga; el representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, José Martínez Cruz. Y por la comisión de periodistas Maciel Calvo Elmer, Tlaulli Rocío Preciado Bahena, Justino Miranda Rodríguez, David Monrroy y Carlos Quintero Juan.
