Durante su participación en el primer foro local de seguridad y justicia en Morelos “Alcances y resultados de la implementación de la reforma penal en Morelos”, detalló que al transcurrir cuatro de los ocho años fijados en la reforma constitucional -que entró en vigor en junio de 2008- para que todos los estados implementaran el sistema penal acusatorio adversarial, sólo 11 entidades han adoptado el nuevo modelo de justicia.
Precisó que únicamente Chihuahua, Estado de México y Morelos han implementado en todo su territorio el sistema oral de justicia penal; en tanto que Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas lo han implementado de manera parcial.
Esto significa, dijo, que al mes de septiembre de 2012 la población mexicana sujeta al nuevo sistema de justicia penal acusatorio es de 27.6 millones de personas, que representan el 25 por ciento de la población.
Explicó que los tres estados pioneros en el sistema acusatorio adversarial tienen la responsabilidad de apoyar al resto de las entidades, pero también es necesario establecer mecanismos de evaluación que permitan detectar los defectos y aciertos en la aplicación de los procedimientos y juicios orales.
“Es necesario disponer de un mecanismo de información estadística que permita comparar la operación del sistema de justicia bajo el modelo mixto inquisitivo contra el sistema acusatorio. Asimismo, este mecanismo deberá permitir obtener información del flujo de los asuntos que se atienden en el nuevo sistema acusatorio y que posibilite tener datos de los costos de operación de las diversas etapas del mismo.
“Los anteriores indicadores aunados a otros similares, permitirán evaluar la eficacia del nuevo sistema. Casi todos los países latinoamericanos que han implementado el sistema penal acusatorio pueden afirmar al menos que se encuentran mejor que antes, sin embargo, determinar en qué medida depende del establecimiento de estos índices estadísticos”, dijo.
Además, Lara Chávez consideró necesario sensibilizar a los ciudadanos, para que comprendan la dinámica y los beneficios del nuevo sistema penal.
“Al implementar el nuevo sistema, es necesario que la sociedad comprenda que un asunto penal puede resolverse a través de diferentes caminos y en distintos momentos de la investigación del proceso. Asimismo, debe saber que conforme a la reforma constitucional, tiene mayores posibilidades de participar aportando pruebas durante todo el procedimiento o inconformándose de las acciones u omisiones del ministerio público”, sostuvo.
