Erick Castro Ibarra, presidente del órgano empresarial, abundó respecto a esto: “se ha observado que la construcción de la Ley de Egresos del Estado sólo ha representado la negociación de intereses políticos partidistas y no de las verdaderas necesidades de los diferentes sectores de la sociedad”.
Puso como ejemplo, el que Morelos se le destinaron 17 mil millones de pesos este año; y Querétaro, que cuenta con más población que Morelos y tiene mayor extensión geográfica, recibió 15 mil millones de pesos, lo cual sugiere que “a pesar que Morelos maneja más recursos públicos que Querétaro, no se compara el nivel de desarrollo e infraestructura que dicha entidad ha generado en los últimos años en relación a nuestra entidad, por ello es importante que el presupuesto se socialice”.
En este marco, y a unos días del inicio de la nueva gestión del Gobierno del Estado 2012-2018, que encabezará Graco Ramírez Garrido Abreu, invitó a los diputados locales “abonar a su compromiso democrático, para que conjuntamente con el Ejecutivo Estatal, lleven a cabo la realización de foros de consulta social para elaborar este presupuesto público ciudadano e incluyente”.
También hizo un llamado al mandatario electo y manifestó todo su respaldo de parte del sector empresarial, para que se pueda combatir la inseguridad que cada vez está más cercana a los morelenses y que causa afectaciones en diferentes ámbitos del estado.
Asimismo, consideró importante la propuesta del presidente de la república electo Enrique Peña Nieto, respecto a la conformación de una comisión nacional contra la corrupción que substituirá a la Secretaría de la Función Pública federal, pero buscará que su ámbito de participación alcance a los gobiernos de los Estados y los ayuntamientos, por lo que consideró oportuno que Graco Ramírez se adelante haciendo las reformas a la Ley de la Administración Pública del Estado y pueda desaparecer a la actual Secretaría de la Contraloría y de igual forma la pueda convertir en una Comisión Estatal contra la Corrupción, que la misma esté conformada por ciudadanos que vigilen y sancionen el uso y aprovechamiento de cada peso del presupuesto público. “Con esta acción estamos ciertos que la sociedad podrá recuperar la confianza en las instituciones públicas”, señaló.
