Personal de la embajada de Estados Unidos en México acudió a la delegación de la PGR, donde se toparon con los familiares de los agentes que portaban pancartas y gritaban consignas para exigir justicia.
Gabriela Prietto Dávalos, delegada de la PGR en Morelos, confirmó que “como ustedes saben tenemos detenidas a 12 personas, ya un juez competente otorgó una medida cautelar correspondiente al arraigo, ese cumplimiento tiene que ser obviamente, esa tiene que ser cumplida, entonces nada más, seguimos todavía en investigación”.
Los abogados de los imputados, al conocer la decisión de la PGR, ingresaron una demanda de garantías ante el Juzgado Séptimo de Distrito para intentar frenar el traslados de los agentes a la Ciudad de México, argumentando la ilegalidad del arraigo y que no existen elementos para que los elementos sean privados de su libertad.
“Consideramos que si es una violación porque está siendo excesivo el Ministerio Público, la solución es tan fácil como dejarlos en libertad bajo las reservas de ley y estos se pueden presentar a declarar cuantas veces sea necesario”, dijo el abogado de algunos de los policías federales, Marco Aurelio González Flores, al señalar que ni siquiera existen indicios delitos graves como delincuencia organizada y por lo tanto el arraigo es completamente ilegal.
Ricardo Monterrosas Cisneros, representante legal de otros cuatro policías indiciados, sostuvo la teoría de la confusión y que la parte agredida tendría responsabilidad en los hechos ocurridos el pasado viernes.
“Ellos cumplieron con un deber, si el marino no hizo un alto total pues creo que también pudiera caer en responsabilidad en ellos”, dijo, al coincidir también en que no está justificado el arraigo y que no hay pruebas que involucren a los agentes en delincuencia organizada.
Finalmente, los abogados convencieron a las familias de permitir la salida de la delegación de la PGR de los vehículos que trasladaron a 12 agentes a un centro de arraigo en la Ciudad de México. No obstante, todas las actuaciones legales sobre el caso se realizaran en Morelos.
Alba Castellanos Gordillo, esposa del agente Francisco Segovia Domínguez, manifestó su pesar por la situación de su cónyuge, quien -en el momento que pudo verlo- le contó que él cumplía con su deber "que la camioneta de repente salió, la pararon y nunca se paró camioneta, y empezaron a disparar y pues ellos se tuvieron que defender, ¿no?, estaban haciendo su trabajo".
"Ellos llegaron a ver que estaba pasado, y empezaron a dispararles a ellos, y ya ellos se tuvieron que defender porque no sabían que pasaba", explicó.
Afirmó que hasta el momento nadie de las autoridades ni los jefes de su esposo les ha ofrecido su apoyo y solidaridad, lo cual es lamentó y sostuvo que lo único que pide es "que haga justicia pues él estaba en cumplimiento de su deber y pues ahora si que ellos dan su vida y se exponen a tantas cosas y pues no se vale que les estén dando la espalda en la corporación, no se vale". La mayor parte de los familiares de los agentes provienen de otros estados del país.
Ayer mismo llegó personal de la embajada a rendir declaración sobre el ataque de los federales en su contra, además los trabajadores de una gasolinera que se encontraba cercana al lugar del ataque acudieron a la delegación de la PGR, para declarar en calidad de testigos.
