Detalló que más de 10 quejas están en etapa de resolución y otras 10 más están en trámite ante el Consejo de la Judicatura, cuyo órgano es responsable de atender, investigar y dictaminar las inconformidades de las partes involucradas en un conflicto legal.

Sostuvo que hasta el momento no hay ninguna queja por supuestos actos de corrupción o señalamientos graves contra los juzgadores de primera instancia, pues la mayor parte de las inconformidades son por diferencias en criterios legales y retraso en la emisión de resoluciones o acuerdos que tienen que emitir los jueces.

Incluso, destacó que “no hemos impuesto ninguna sanción por causas graves, ha habido llamadas de atención pero no hay ninguna cuestión de gravedad”.

Defendió el desempeño de los impartidores de justicia de primera instancia y argumentó que a veces la sobrecarga de trabajo que existe en los juzgados, en ocasiones provoca lentitud en el desahogo de los procesos civiles, penales, familiares y mercantiles.

No obstante, recalcó que el exceso de trabajo no es justificación para que, deliberadamente o por omisión, se dilaten los procesos jurídicos.

“Hemos avanzado en cuestiones de celeridad, sin embargo, no hay que dejar de lado que dado el índice a la alza del número de juicios se complica la celeridad de los propios juicios porque el juez tiene que resolver muchas cuestiones, es decir, tiene que atender muchos asuntos al mismo tiempo, el juez tiene que dictar sentencias, tiene que dictar acuerdos, tiene que atender diligencias de cada juicio, tiene que atender al público o a las partes, administrar su juzgado, de ahí que su labor sea muy compleja”.

“Esto no es justificación para omisiones o retardos indebidos, sin embargo, es comprensible la labor de un juez cuando hay ocasiones que los procesos no son tan ágiles como se quisiera, pero hay juzgados que están muy cargados de trabajo”, explicó.