Según el acuerdo publicado el pasado 11 de julio en el periódico oficial Tierra y Libertad, el Poder Ejecutivo determinó modificar la denominación y diversas disposiciones del decreto que crea el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos.
Por ejemplo, modificó la denominación del Director General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud a Secretario Ejecutivo, quien será nombrado y removido por el Gobernador Constitucional del estado de Morelos a propuesta del titular de la Secretaría de Salud; así como será facultad del Secretario Ejecutivo proponer la estructura básica, de acuerdo al presupuesto destinado al régimen.
Entre las funciones del Secretario Ejecutivo, estarán las de colaborar con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para llevar a cabo la dirección y control para el desarrollo del Sistema de Protección Social en Salud en el estado de Morelos; así como, garantizar las acciones de protección social, mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la provisión de los servicios de salud a las personas en el sistema, de manera independiente a la propia provisión de servicios de salud que corresponda a otras instancias.
El 18 de mayo del año 2005 se creó el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, mediante el decreto publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número cuatro mil trescientos noventa y dos.
En el año 2002, cuando se crea el “Seguro Popular” en Morelos, el estado contaba con 7 mil 190 personas afiliadas; para el año 2006, el número de afiliados creció a 338 mil 674 personas; y al de 2011 la cantidad de afiliados se elevó 949 mil 748 afiliados. Según las cifras oficiales, hasta enero de 2012, el padrón ascendió nuevamente a 956 mil 490 afiliados.
“Por ello, es imperativo que para cumplir con el objetivo del sistema, se realice una reestructuración del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, incrementando el recurso humano, y con ello, garantizar la debida tutela de los derechos de los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud”, dice el acuerdo.
