En tanto que jueces y personal del Poder Judicial manifestaron estar desconcertados por la sorpresiva convocatoria emitida por el Congreso y que el breve tiempo de registro limitó la participación de personas con carrera judicial.
La representante del Poder Judicial rechazó pronunciarse sobre las condiciones en que fue lanzada la convocatoria por parte del Congreso, pues consideró que los diputados ejercen las facultades constitucionales para designar magistrados.
“El Congreso hace su labor y una de ellas es la designación de magistrados, como parte de su función ellos tendrán la alta responsabilidad de hacer esa designación y bueno lo que se pediría es que se haga el ejercicio responsable de esas facultades”, expresó.
Afirmó que el periodo para el registro de aspirantes (que fue del 18 al 21 de junio) fue un tiempo muy corto, pero estará al pendiente de quienes contiendan por las tres magistraturas, ya que el TSJ respaldará a los jueces que participen en el concurso de oposición.
“Estaremos atentos para saber quiénes son los candidatos que se alcanzaron a inscribir y seremos respetuosos de la decisiones del Congreso, obviamente nosotros siempre apoyaremos a los jueces privilegiando la carrera judicial”, indicó.
Cuestionada sobre la falta de presupuesto del TSJ para hacer frente a los salarios y concluir la construcción del edificio judicial de Jojutla, Lara Chávez dijo que en este momento la institución carece de recursos para remuneraciones de personal y operatividad, pues “se requiere de muchos elementos para tener las condiciones optimas para el funcionamiento de la sala de aquel circuito”.
Afirmó que si en breve el Congreso designara a los magistrados, el TSJ necesitaría “una ampliación presupuestal considerable” para el pago de salarios de los magistrados y su personal de apoyo, adquisición de insumos, equipamiento y construcción de infraestructura.
Personal de Poder Judicial se siente excluido
Por otra parte, jueces y personal del Poder Judicial consultados consideraron que las condiciones en que fue realizada la convocatoria, hacen sospechar que el Poder Legislativo tuvo intención de limitar la participación y hacer un proceso a modo.
La impresión que existe entre los impartidores de justicia es que no sólo se pretendió restringir sino excluir a los que tienen trayectoria judicial y experiencia.
Coincidieron con los líderes de las organizaciones de las agrupaciones de abogados respecto a que no sólo se “escondió” la convocatoria para designar a tres nuevos magistrados sino que fue muy el breve tiempo para reunir la documentación y presentarla ante la Junta Política del Congreso para inscribirse al concurso de oposición.
Y es que, por ejemplo, para presentar sólo el ensayo científico jurídico exigido en la convocatoria es necesario varios días para su elaboración y consulta de bibliografía.
Ayer todavía por la mañana algunos interesados en participar hacían lo posible para reunir los requisitos exigidos por el Congreso en la controvertida convocatoria, que cerró ayer a las 16:00 horas.
Nueva sala, varios millones de inversión
De acuerdo con especialistas, instaurar la Sala del Segundo Circuito (contemplada desde hace más de una década en la Ley Orgánica del Poder Judicial) implicaría una fuerte inversión de varios millones de pesos.
Para instalar la sala se tendría que contemplar los salarios de los tres magistrados y por lo menos de un secretario general de acuerdos, un actuario, nueve proyectistas y doce oficiales judiciales, lo cual equivaldría por lo menos a un gasto corriente del TSJ de seis millones de pesos.
Adicionalmente, se tendría que contemplar presupuesto para continuar y concluir la construcción del edificio judicial de Jojutla, ya que sólo ha sido construida la planta baja, donde está acondicionada un área administrativa y una sala provisional de juicios orales.
A esto, se le suma la necesidad de adquirir equipo de audio y video para el registro electrónico de audiencias, mobiliario, otros insumos y contratación de personal de seguridad.
