De acuerdo con datos recabados por La Unión de Morelos, en los últimos cuatro meses cerca de una docena de juzgadores de primera y segunda instancia sufrieron el robo violento de sus vehículos, al igual que algunos funcionarios del Consejo de la Judicatura.

Los afectados presentaron las respectivas denuncias ante la Procuraduría General de Justicia, lo cual también les ha permitido hacer efectivas las pólizas de los seguros. Sin embargo, los casos en que los jueces y magistrados han sido víctimas de la delincuencia han sido manejados con discreción por parte de la fiscalía estatal.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz Lara Chávez, reconoció que efectivamente varios jueces han sido víctimas de robo a mano armada sin precisar el número exacto, pero sostuvo que el número es inferior a la docena de casos.

“No tenemos el número exacto de robos, pero podemos asegurar que son mucho menos que eso. Efectivamente a uno de los señores magistrados le robaron su camioneta, a otros compañeros sus coches”, afirmó.

Descartó que estos robos estén relacionados con su desempeño jurisdiccional y cada unos los funcionarios judiciales afectados inició las respectivas carpetas de investigación ante la fiscalía estatal, las cuales siguen su curso y con ello han podido hacer efectivas las pólizas de seguros.

Cuestionada sobre si se ha detectado un patrón en la forma en que se perpetraron los asaltos a jueces y magistrados, y si existe sospecha de que los juzgadores estén siendo víctimas de un grupo delictivo debido a su nivel de ingresos, Lara Chávez expresó: “no, yo creo que más que nada es el ambiente que de repente se suelta una ola de repente complicada en la cuestión de seguridad, pero no, no hemos identificado que haya un patrón y que pudiéramos conjeturar que deriva de esa circunstancia, de un ingreso mayor”.

Señaló que no hay indicios de que un grupo criminal específico aceche a los juzgadores, pues los robos de vehículo se han cometido en Cuernavaca y otros municipios.

Agregó que los funcionarios judiciales, al igual que el resto de los ciudadanos que han sido víctimas del delito, han promovido sus denuncias y están a la espera de las resoluciones que tenga que emitir la procuraduría estatal derivadas de las investigaciones.