El juez de Control y Juicios Orales Isidoro Eddie Sandoval Lome, conoce desde el 22 de marzo pasado, el caso de un sujeto detenido en posesión de aproximadamente cinco gramos de marihuana y al cual se le imputó el delito de narcomenudeo.

Explicó que asumió la competencia del caso debido a que “el que conoció de la capeta de investigación fue el Ministerio Público del fuero común y también que el Ministerio Público del fuero federal no se lo solicitó (atraer el caso), por esas circunstancias advertí que ya se daba la competencia para que este juzgador conociera de ese asunto de narcomenudeo”.

En relación a la necesidad de más seguridad tanto en la instalaciones judiciales como en la custodia personal de los jueces, Sandoval Lome expresó que hace unas semanas jueces sostuvieron una reunión con consejeros de la Judicatura para tratar el tema de la seguridad y “se habló también de la policía procesal, donde el Consejo de la Judicatura preocupado por dicha situación está laborando en ello y en relación a las demás circunstancias. En relación a este edificio cuenta con seguridad y por lo tanto estando en este edificio nosotros estamos seguros, saliendo pues ya será otra situación”.

Indicó que hasta el momento, al ser el primer juez en conocer un caso de narcomenudeo, expresó que no ha solicitado seguridad personal a pesar de lo delicado del asunto.

“No son los únicos delitos graves que conocemos, sino también conocemos otros delitos como son el secuestro, homicidio, robo, que son delitos de alto impacto social que también en todo caso necesitaríamos una seguridad personal, pero nosotros estamos básicamente obligados a cuidarnos en todos los sentidos, no podemos solicitar que nos pongan personal de custodia las 24 horas atendiendo al costo que implicaría para el Estado”, dijo.

Por otra parte, un Tribunal Colegiado resolvió los recursos de competencia respecto a cinco casos de narcomenudeo y determinó que no eran jueces locales sino los jueces de distrito los responsables de procesarlos, ya que las investigaciones y consignaciones fueron realizadas por un Ministerio Público Federal.