El representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, José Martínez Cruz expuso que no se ha sentenciado a los presuntos responsables. Este caso “implica una responsabilidad institucional del Estado mexicano, porque cuando se les detiene hay una cadena de custodia claramente establecida entre el policía municipal que los detiene, posteriormente con el de la policía federal y finalmente con el ejército, de tal manera que en todos esos niveles de mando hay una responsabilidad. Si además se segmenta el proceso, como hasta ahora se ha hecho, la penalidad se reduce”.

Explicó que hasta la fecha las personas detenidas como presuntas responsables se encuentran bajo el régimen de justicia militar, y hasta que no se concrete el que esas personas sean procesadas por juzgados civiles como lo han demandado los abogados, no se tomarían en cuenta delitos como tortura, desaparición forzada, y lo que “llamamos ejecución extrajudicial”. Sólo, apuntó se exponen lesiones, o golpes, homicidio, y faltas a los protocolos.

“Si se consideran los delitos de lesa humanidad, entonces, en este caso, sería posible llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales”, abundó, al exponer que de esa manera, aún cuando los presuntos responsables resultaran exonerados por juzgados mexicanos, podrían ser llevados a la justicia.

A un año de los hechos “no puede la autoridad seguir actuando con omisiones, los recursos interpuestos por parte de los abogados de familiares para que sean procesados por juzgados civiles son importantes, porque hoy en día, sabemos que se encuentran en el campo militar número 1, y que los códigos militares, contemplan otros aspectos, que pudieran resultar con atenuantes, y por tanto con sanciones menores”.