La mañana de este martes, un grupo de empleados con uniforme de la Subsecretaría de Reinserción Social se apersonaron en el recinto legislativo, donde dieron a conocer las irregularidades que se cometen al interior del centro penitenciario.

“Hemos recibido amenazas, nos han hecho firmar hojas de uniformes, el cual no hemos recibido, tenemos uniformes los más desastrosos, no tenemos material para trabajar. Muchas veces ponemos de nuestro dinero, de nuestros bolsos para reparaciones del mismo penal, por lo cual pedimos el apoyo de los diputados para que estas peticiones lleguen a las autoridades”, declaró uno de los trabajadores.

Los empleados, quienes no quisieron dar a conocer sus nombres por temor a represalias por parte de mandos superiores, confirmaron que al interior del penal se cometen actos de corrupción en contubernio con autoridades responsables de la Subsecretaría, a favor de algunos reos.

“Hay amenazas, represalias en contra del personal que formamos parte del comité y nos quieren mover a otras áreas donde no hagamos escándalo porque no les conviene que esto salga a la luz… Amenazan darnos de baja y cambiarnos a diferentes penales”, señaló uno de los inconformes.

Aseguraron que los cerca de 500 trabajadores administrativos reciben salarios mínimos, que oscilan entre mil 700 y dos mil pesos.

A pesar de lo anterior, añadieron, las autoridades estatales no han hecho caso de sus demandas para mejorar las condiciones laborales, así como la infraestructura al interior de la cárcel.

“(Las cámaras de seguridad) funcionan cuando les conviene y cuando no, no funcionan… Los internos dicen que ellos tienen el poder, que ellos manejan el gobierno, no el gobierno maneja a los internos”.

Los manifestantes fueron recibidos en el salón de comisiones, donde cada uno presentó su demanda para que los diputados intervinieran a su favor. Aunque, advirtieron, muchos corrían el riesgo de ser despedidos por haber acudido al Congreso local.