Luego de que varios miembros de esta organización han sido víctimas de la delincuencia, la líder de los barristas, Adela Manzanarez Alonso, expresó que en la última asamblea de la agrupación, los abogados acordaron emprender acciones de protesta y no permanecer más en silencio.

Detalló que algunos compañeros barristas y sus familias han vivido asaltos, secuestros o extorsiones, pero en general la sociedad morelense vive en incertidumbre por las condiciones de violencia e inseguridad en la entidad.

Precisó que la marcha tentativamente está programada a las 10 de la mañana del 30 de marzo y el punto de partida será la iglesia de El Calvario con rumbo al zócalo de la capital morelense.

“Nosotros vamos a pedir a los tres niveles de gobierno que hagan su trabajo y rediseñen las políticas públicas en materia de seguridad pública; vamos no sólo a reclamar sino también a presentar propuestas y solicitar el reforzamiento de las medidas de seguridad en todo el territorio estatal”, indicó.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, el 75 por ciento de la incidencia delictiva se concentra en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco y Yautepec; mientras que el 11 por ciento se concentra en los municipios de Emiliano Zapata, Jojutla, Puente de Ixtla y Xochitepec, y el 13 por ciento restante se distribuye entre el resto de las localidades del estado.

Los delitos de mayor impacto social e incidencia son: lesiones, amenazas, robo de vehículo y robo a casa habitación.

Sin embargo, datos de la Procuraduría General de la República (PGR), colocan al estado de Morelos como una de las entidades en las que el impacto del crimen organizado ha tenido repercusión en prácticamente todo su territorio, ya que en 32 de sus 33 municipios se han registrado ejecuciones motivadas por las disputas entre grupos criminales.

Según la “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”, que puede ser consultada en el portal electrónica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República, de enero de 2007 a septiembre de 2011 en Morelos se registraron 735 ejecuciones, que representan el 17 por ciento del total de los homicidios ocurridos en el mismo periodo.

De igual forma la incidencia por delito de extorsión ha tenido altibajos y es una actividad ilícita que, incluso, ha evolucionado en su “modus operandi”, recientemente se han detectado que reos del penal de Altamira, Tamaulipas, perpetraban desde el presidio extorsiones telefónicas a familias morelenses.