“Las autoridades educativas deben desistir de esta medida que es ilegal. El artículo 123 de la Constitución de este país dice que el patrón tiene un mes para probar la calidad de sus trabajadores; después de 20 años, me parece de risa que se quiera evaluar y además que esa evaluación traiga consecuencias jurídicas para separar a un profesor de su labor”, expresó el litigante al señalar que se ha dado a conocer de manera pública que el proceso de certificación de los maestros implica que se les apliquen exámenes y si en la tercera ocasión no los aprueban, entonces serían separados de su plaza.

El abogado sostuvo que “la ley es tremendamente clara en cuanto al plazo que el patrón tiene para establecer si su trabajador es eficiente y cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias. Es una canallada lo que se pretende hacer con maestros que tienen varios años trabajando, muchos de ellos más de 20 años, dando clases”.

Explicó la postura del grupo al que representa al sostener que sí es legal que haya capacitación, lo cual sería positivo para el sistema educativo en México, pero reiteró que “si a un trabajador se le dice que después de varios años de trabajo se le dice que se le evaluará y que si no pasa esa prueba, entonces lo despide”.

Aseguró que este proceso “además es violatorio de los derechos humanos. Con las reformas del seis y del 11 junio del 2011, en las que se reforman los artículos uno y 133, pues se violentan derechos constitucionales de estabilidad del trabajo y todas las garantías derivadas del producto de su trabajo”.