A pesar de las reuniones que han sostenido con las autoridades de la Dirección General de Transportes (DGT), los concesionarios de dichas agrupaciones advirtieron que harán lo que esté en sus posibilidades a fin de no ver afectados los intereses de sus rutas.

“No, definitivamente no es no. No cederemos a una modificación del itinerario de la Ruta 10. Que lleguen a la gasolinería grande para no tener afectaciones”, manifestó el líder de la Ruta 9, Arturo Bello Díaz.

El presidente de dicha línea de transporte colectivo aseguró que se realizarán los bloqueos que sean necesarios en la vía pública para lograr que se respeten los itinerarios que, según dijo, la Dirección General de Transportes autorizó. “El tiempo que sea necesario y las veces que sea necesario vamos interrumpir dicho servicio”.

Por su parte, el presidente de la Ruta 10, Máximo Astudillo Medina, aseguró que su itinerario es hasta la colonia Amate Redondo, en prolongación Diana; sin embargo, por años han cedido a modificar su derrotero hasta la calle Mesalina para dirigirse a la colonia Antonio Barona.

“Estamos dando la vuelta en lo que es la avenida Diana, sobre el Oxxo. Estamos colaborando con cortar un pedazo del itinerario. Retractarnos más no. Que la autoridad haga lo que tenga que hacer pero regresarnos más no”, declaró.

Es que ayer por la mañana los líderes de las dos rutas se reunieron con el director de Transportes, Francisco Alva Meraz, sin lograr ningún acuerdo; al contrario, se mantuvieron en su postura.

Ante lo anterior, el director de Transportes dio la razón a la Ruta 9 pues aseguró que desde 1999 la Ruta 10 no ha circulado por el itinerario que actualmente pelea y por no hacerlo, se determinó cancelar el permiso.

“Desde 1999 argumenta la Ruta 10 que tiene autorización del derrotero, jamás hizo uso de él y nosotros al ver obviamente que procede la revocación, no en el caso de la Ruta 10 en cualquier ruta. Y si no se hace uso de él, la ley de transportes manifiesta que debe ser cancelado”, manifestó.

El funcionario estatal dijo que si el juzgado federal que lleva el litigio se lo pide, la Dirección General de Transportes presentará las pruebas necesarias para reafirmar que los concesionarios de la Ruta 10 no tienen la razón.