El vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, José Martínez Cruz, detalló que a través del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU canalizó ambos casos para que sean contabilizados como parte de las más de tres mil desapariciones ocurridas en México desde el 2006 hasta la fecha.
Dijo que los casos de Jethro y Alan son ejemplos claros y documentados de la participación de militares e integrantes de corporaciones policíacas, por cuya responsabilidad tiene que responder el Estado no sólo con la reparación económica del daño sino con el esclarecimiento de los crímenes, la sanción de los responsables y una disculpa pública por el daño causado tanto a la víctimas como a las familias.
Indicó que en éstos como en otros casos desafortunadamente “el gobierno se niega a investigar y tipificarlos como delitos de lesa humanidad y pretende seguir engañando a la población al adjudicarlos como ‘levantones’ y relacionados con delincuencia organizada. Por ello, antes que cualquier indemnización económica, los familiares exigen verdad y justicia”.
Precisó que la Comisión Independiente de Derechos Humanos tiene documentados al menos diez casos más de desapariciones forzadas, en los que a pesar de las denuncias realizadas ante la Procuraduría por parte de los familiares, aún se desconoce el paradero de las víctimas y las investigaciones no avanzan.
Es por ello que, dijo Martínez Cruz, la ONU sostiene que “México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas” y “un gran número de autoridades se negaría a registrar casos de desapariciones dentro del período de 72 horas después de que ocurrió la desaparición, un período fundamental para obtener información sobre el desaparecido y evitar su asesinato”.
Bajo este contexto, sostuvo, las Naciones Unidas reclama garantías e insta al Estado mexicano a “regular el uso de la fuerza por parte del Ejército y todas las corporaciones policiales como una medida preventiva respecto a las desapariciones forzadas, conforme a los principios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad, legalidad y total respeto a los derechos humanos”.
