La Secretaría de la Función Pública admitió la existencia de un expediente, radicado con el número DE-001079/2011-C1 por presuntas irregularidades en pagos de derechos para instalar líneas de transmisión en predios particulares en el estado de Guerrero.
Parte de estas supuestas anomalías también están contenidas en el expediente DE-000038/2011-CS que obran en la dependencia federal encargada de fiscalizar las actividades de las instituciones y empresas paraestatales que reciben recursos de la Federación.
Las denuncias señalan que los abogados de la CFE hicieron pagos a “gente muerta” y que las indemnizaciones comenzaron a fluir a partir de la muerte de la licenciada Amelia Ávila Vázquez y la llegada de un grupo de funcionarios conocidos como “los michoacanos”, algunos de los cuales carecen de título y cédula profesional correspondientes.
Derivado de las denuncias anteriores, el órgano interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, envió al Gerente de la División de Distribución Centro Sur, Javier Valencia Barajas, un requerimiento de información complementaria, solicitando lo siguiente:
“Relación de juicios concluidos o vigentes correspondientes al año 2010 relacionados con la constitución de servidumbres de paso, y de ellos, cuántos y cuáles se declararon en rebeldía. También, qué acciones se llevaron a cabo para la atención de cada uno de los juicios indicados en los puntos anteriores, y si en esos casos se solicitó asesoría jurídica o apoyo del Abogado General”.
Dicho requerimiento ya fue contestado, pero la información recibida fue declarada como “confidencial”, por lo que no puede ser entregada a particulares en términos de la Ley Federal de Información Pública, a menos que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) se lo ordene. Cabe mencionar que ya se ha interpuesto el recurso correspondiente para solicitar su desclasificación.
