En conferencia de prensa, un grupo de maestros, junto con su representante legal Pedro Ponce (quien también ha representado a maestros jubilados en su lucha por el pago de prima de antigüedad), dieron a conocer su inconformidad con el proceso de certificación universal de maestros, en particular en que se haya considerado hasta un período en calendario oficial para la aplicación de pruebas a maestros de primaria para el presente ciclo escolar, pero sin haber antes consensuado con la base, ni explicar clara y jurídicamente cuáles serán los efectos del mismo.

La profesora Sandra Montiel, una de las activistas del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) que se gestó en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) en Morelos, señaló que muchos de los docentes no han recurrido al amparo como lo han propuesto integrantes del llamado Comité Democrático de los Trabajadores de la Educación, puesto que de acuerdo con sus asesores legales, esta certificación no está plasmada en ninguna ley.

El abogado refirió que no hay un hecho consumado y tampoco se ha aprobado reforma legal con la que se le daría soporte jurídico a dicha certificación.

Los docentes indicaron que ante esta situación de incertidumbre e indefensión en la que sienten encontrarse, habrán de presentarse hoy mismo en el IEBEM, para pedir a la autoridad y patrón laboral directo, un documento en el que se cuestiona cuál será el proceso y cuál sería el impacto laboral para los maestros que serán sometidos a exámenes, pues no podrían dar ningún paso sin contar con la información pertinente, oficial y directa de la autoridad.

Señalaron que no están de acuerdo en términos generales en que se pretenda aplicar un examen a los docentes con argumento de que se busca la calidad en la educación, al sostener que muchas veces la causa del rendimiento académico no está en los maestros sino en falta de inversión suficiente en escuelas, la saturación de grupos, en la desnutrición de los niños, falta de empleo de sus padres, y muchos otros factores sociales.