La presidenta de la Barra de Abogados, Adela Manzanarez Alonso, señaló al representante del Poder Judicial como el principal responsable del caos y confusión que priva entre los litigantes y justiciables en la región surponiente, ya que el Tribunal Superior de Justicia nunca difundió la reorganización de los distritos en materia penal ni las medidas que se tomarían para implementar la tercera y última etapa del sistema oral de justicia en tanto se concluía la construcción del edificio judicial en el municipio de Jojutla.
Dijo que la construcción del edificio no alcanza ni el 40 por ciento de avance y las autoridades tienen que explicar por qué la empresa –dirigida por el ex diputado Jaime Tovar Enríquez-- no cumplió con la entrega de las instalaciones, pues según el mismo presidente del TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega, el edificio estaría listo el 15 de diciembre, lo cual no sucedió.
“Los litigantes están muy inquietos porque no hubo información y se generó desinformación que ha propiciado confusión e incertidumbre”, dijo al alertar sobre la posibilidad de que los imputados puedan obtener amparos para evadir la acción de la justicia por la decisión del pleno del TSJ de enviar los asuntos de Jojutla (ahora segundo distrito judicial en materia penal) a Cuernavaca (primer distrito judicial), en tanto se concluye el edificio que albergará las salas de juicios orales y áreas administrativas del TSJ.
Mientras, el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Alberto Cebada Ochoa, dijo que en esta confusión y caos tienen responsabilidad los tres Poderes del estado porque era por demás sabida la necesidad de crear la infraestructura para la implementación de la última etapa del sistema de justicia penal acusatorio adversarial.
Recordó que para dar tiempo a la asignación de recursos y la construcción de la infraestructura, en dos ocasiones el Congreso del estado pospuso la entrada en vigor de la justicia oral en materia penal en la región surponiente, por lo que no hay pretexto que valga para excusar la falta de oficinas y salas de juicios en el municipio de Jojutla.
“Es una irresponsabilidad de los servidores públicos del gobierno estatal, del Poder Judicial, de los diputados que no se tengan las salas de juicios orales en Jojutla”, criticó.
Indicó que el traslado de los asuntos al primer distrito judicial no sólo generará complicaciones logísticas para los abogados y los justiciables, sino costos económicos adicionales y también sociales ante la confusión que se ha generado por la falta de información particularmente por parte del Poder Judicial.
Agregó que la Asociación de Abogados Penalistas buscará reunirse con los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para recibir las debidas explicaciones en torno a este asunto.
En torno a este tema, La Unión de Morelos buscó vía telefónica al presidente del TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega, pero no respondió al llamado.
Según el acuerdo del pleno del TSJ con fecha siete de diciembre de 2011, los asuntos del tercer distrito judicial (con cabecera en Jojutla) del uno al 30 de enero de 2012 serán atendidos en el primer distrito judicial (en Cuernavaca) en tanto se concluye la construcción del edificio en cuestión.
En caso de que la infraestructura no esté lista a finales de enero, el pleno del TSJ tendrá que emitir otro acuerdo similar por otros 30 días.
