El representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, Antonio Tallabs Ortega, informó que hasta ayer al medio día no había ingresado ningún control de detención y confirmó que efectivamente los recién nombrados jueces orales se encuentran concentrados en la capital morelense a la espera de que se les turnen las primeras causas penales.
“Mi opinión fue que buscáramos la posibilidad de mejor rentar ante la falta de recursos económicos, pero mi moción no fue entendida; iniciamos con recursos propios. El problema siempre en este tema ha sido la falta de recursos. Se hicieron las solicitudes de ampliaciones correspondientes (al Poder Ejecutivo) y no fueron atendidas. Entonces, se tiene lo que se pudo hacer desgraciadamente, pero esto no va a detener el trabajo institucional porque se tomaron medidas precautorias”, dijo.
Explicó que al prever el retraso en la construcción del edificio judicial en Jojutla, el pleno del Tribunal Superior de Justicia –facultado para designar jueces o designar los lugares donde ejerzan la tarea jurisdiccional-- en la sesión última del año pasado determinó que los jueces orales con jurisdicción en la zona sur poniente, con cabecera en Jojutla, van a trabajar indefinidamente desde las salas orales de la ciudad de Cuernavaca hasta tener listas las instalaciones.
De acuerdo con un boletín del TSJ con fecha de 26 de septiembre de 2011, durante el arranque de la construcción del edificio judicial, el presidente del tribunal, Miguel Ángel Falcón Vega, anunció que la obra estaría concluida para el 15 de diciembre. Incluso, la inauguración estaba prevista para el 30 de diciembre, pero la fecha fue postergada ante el retraso de la constructora del ex diputado local Jaime Tovar, responsable de la obra.
Tallabs Ortega expresó que si bien es cierto que el TSJ está muy limitado de recursos, la constructora se comprometió a concluir parcialmente la obra, pero lamentablemente ésta falló y por ello es preciso que el Consejo de la Judicatura analice la posibilidad de imponer una penalización a la empresa por incumplimiento de contrato.
“Si bien es cierto que el TSJ carece de recursos, la empresa constructora también debe asumir su responsabilidad en el retraso en la construcción del edificio, pues el acuerdo fue que para estas fechas estaría parcialmente terminado el edificio con el fin de disponer de al menos dos o tres salas de juicios orales para llevar a cabo los procedimientos penales correspondientes.
“Se comprometieron a entregar parte de la obra, no todo, porque se iba a echar andar dos o tres salas con las oficinas (…). Esto debió haberse inaugurado el día 30 de diciembre; no fue así. Y, bueno, estaremos pendientes de ver qué responsabilidad le corresponde al empresario, qué responsabilidad le corresponde a quienes han guiado este proyecto”, agregó.
Bajo este contexto, los 13 jueces orales adscritos a la región sur poniente estarán trabajando en Cuernavaca, sede del primer distrito judicial, donde se intentará organizar y reorganizar audiencias para efecto de llevar los procedimientos respectivos en tiempo y forma.
Según el TSJ, el “edificio inteligente” se construye en un terreno de casi mil metros cuadrados, tendrá dos niveles, cuatro salas orales, espacios privados para jueces, áreas administrativas y un espacio para la cámara Gesell. La inversión anunciada para la construcción sería de seis millones y medio de pesos extraídos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.
