En México, como en todos los países, las decisiones públicas se toman políticamente. Durante muchos años el país vivió crisis recurrentes debido a las malas decisiones políticas, que afectaron la economía de los mexicanos, con un costo social altísimo, incrementando la inflación y la pobreza.
Por ejemplo, en los sexenios de Luis Echeverría y de José López Portillo (1970-1982), el gobierno gastó más del dinero que tenía, generando una gran deuda, tanto interna como externa. También se emitió, artificialmente, más dinero. Recordemos que el Banco de México no era autónomo, y obedecía lo que el gobierno le instruía. Si faltaba dinero para gastar, el Banco de México lo emitía.
Se crearon muchos organismos públicos y el gobierno creció aceleradamente. El gasto público representaba una parte importante de la economía. Se creció más allá de lo que permitían las finanzas públicas. La deuda que se tenía en 1970 se multiplicó por 15 al final de 1982, y fue parte importante de la devaluación de ese año. Tuvimos que pedir prestado a los organismos internacionales, los cuales nos prestaron bajo la condición de sanear nuestras finanzas.
Con el tiempo se entendió la necesidad de fortalecer a las instituciones económicas y financieras, para evitar los excesos y las consecuentes crisis. Por ello se creó la Secretaría de la Contraloría, en 1982; la Secretaría de Hacienda y la de Programación y Presupuesto se fusionan en 1992 y el Banco de México obtuvo su autonomía en 1994.
Empezó así la apertura de la economía y el redimensionamiento del gobierno, que se enfocó en la gobernanza y la prestación de los servicios públicos, buscando crear un ambiente de negocios favorable al desarrollo de las empresas, para que éstas generaran empleos e ingresos. México abrió su economía desde 1984, implementando gradualmente la transparencia y rendición de cuentas, y comenzaron los programas sociales como Solidaridad, Prospera y Oportunidades, para reducir la pobreza.
Hoy, el ideario del gobierno, desde 2019, regresa al modelo de rectoría del Estado, aunque, afortunadamente, sigue priorizando las finanzas públicas sanas y, hasta ahora, mantiene un nivel controlable de la deuda pública. Es importante tener presentes las lecciones del pasado, y que los criterios políticos no se antepongan a los económicos y sociales.
