Desde la década anterior, el sector energético en México ha venido perdiendo competitividad. Existe una caída constante de la producción de petróleo y gas natural, así como un incremento sostenido de las importaciones de gas natural, gasolina y diésel.

La reforma energética de 2013, instrumentada en el sexenio del presidente Peña Nieto, buscó la recuperación del sector mediante la apertura del mercado, tanto el de hidrocarburos como el eléctrico, con mayor participación de empresas privadas, que competirían con las grandes empresas públicas, PEMEX y CFE. Así, se rompía el casi total monopolio que ambas empresas tuvieron durante muchos años en sus respectivos mercados.

Se instrumentaron las rondas petroleras desde 2015, asignando a PEMEX casi la totalidad de las reservas petroleras y probables, y realizando licitaciones públicas internacionales para asignar diversos campos petroleros en tierra y en aguas del Golfo de México, concretando 111 contratos con 73 empresas de 20 países, en las tres rondas que se realizaron.

También se instituyó el Mercado Eléctrico Abierto, pudiendo el sector privado generar electricidad y comercializarla, además de realizarse subastas en el mercado mayorista en las que debía despacharse primero la energía más barata. Para 2022, existían 53 empresas que fungían como Suministradores de Servicios Calificados (es decir, les vendían directamente a empresas con grandes consumos) y 21 fungían como comercializadores no suministradores.

En los hechos, esta reforma quedó congelada desde 2019, pues el presidente López Obrador, buscando una mayor soberanía y seguridad energética, quiso recuperar el predominio de las empresas estatales en el sector. Fue hasta octubre de 2024 que se cambió la constitución y en marzo de 2025 se consumó la nueva reforma energética, creando 8 leyes y derogando 8 más.

Aunque esta nueva legislación está orientada a fortalecer la soberanía, seguridad, justicia y transición energética, no planteó el regreso del monopolio que antes existía, afortunadamente. Eso sí, se instituyó el predominio de las empresas públicas por sobre los particulares. Esto demuestra que el gobierno tiene claro que él solo no podrá rescatar y fortalecer al sector. Deberá contar con el apoyo de las empresas privadas.