Los juristas, entre ellos César de León Guadiana, señalaron que han analizado el asunto y afirman tener suficiente sustento legal para que la demanda prospere y por ello solicitarán desde el 18 de noviembre que se establezcan providencias cautelares, para que se suspenda la aplicación de las pruebas o evaluaciones a los docentes que están previstas ya en el calendario escolar oficial de este ciclo 2011-2012.

Expusieron que la certificación plantea que todos los maestros habrán de ser sometidos a exámenes y en caso de no aprobar dos veces, serán separados de sus funciones.

Argumentaron que se combina la acción jurídica con la movilización política de los maestros, pero en el campo legal los abogados destacaron que de aquí al 18 de noviembre se espera contar con la mayor cantidad de profesores posible para presentar la demanda y pedir la suspensión de los exámenes, cuya legalidad estaría impugnada desde el inicio de la demanda misma ante las instancias laborales. “Esto nos dará la pauta para que así se tarden lo que quieran, las pruebas estén suspendidas, como providencias cautelares, que mantienen la materia del juicio”.

El abogado explicó que entre los argumentos que sostendrán en dicha demanda se encuentra el que con esta medida se vulnera los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación en materia de permanencia, contratación y permanencia indefinida del puesto. “Se busca una certificación simulada que en el fondo lo que se busca es un despido masivo de profesores ya que los maestros no debían ser certificados de nuevo ya que ellos ya fueron certificados por el Estado en dos momentos: la primera, cuando egresan de las escuelas normales y les expide el certificado profesional y, dos, cuando les otorgó un nombramiento y ellos ejercieron materialmente las funciones y ejercer la función en la docencia. Entonces con ello ellos ya generaron el derecho de poder actuar como profesores, y esta certificación estaría nulificando los derechos adquiridos”.

Como segundo sustento central, refirió “el principio rector del derecho del trabajo que es el de estabilidad en el empleo, donde los trabajadores tienen derecho a permanecer de forma indefinida en su trabajo, y aquí hay un reglamento que se les busca aplicar donde si en dos veces consecutivas no pasan esta prueba, serían separados de su empleo”.

Destacaron que entre los documentos que se están usando como base de la acción a emprender están la Alianza por la Calidad de la Educación en un formato de internet, un acuerdo para la Evaluación Nacional de fecha 31 de mayo de este año en el que se establecen los tiempos que empiezan en el 2012 para primarias hasta el 2014 y, como tercero, la publicación del calendario escolar de este ciclo, publicado en el periódico oficial de la federación del 28 de junio, donde ya se establece la semana nacional de evaluación y hasta los fines de semana del año próximo en los que serían evaluados los profesores. “De esta forma queda en firme que no es un rumor, no es algo que ellos temen. Es un hecho con base a documentos oficiales”, afirmó al tiempo de referir que para evitar que el proceso sea un acto consumado, se busca promover desde el 18 de noviembre la demanda y pedir la nulidad de las pruebas o evaluaciones.

Rodolfo Pozo Vázquez, integrante del denominado Comité Nacional Democrático de los Trabajadores de la Educación, afirmó que los maestros no se oponen a ser evaluados pero con fines de diagnóstico, para que a partir de ellos sean capacitados con programas y a través de instancias adecuadas. Sin embargo, enfatizó que este proceso de certificación “de fondo lo que en realidad persigue es un despido masivo de maestros a partir del 2015, con ello debilitar a la base y al sindicato y como consecuencia atacar la educación pública y gratuita, con el fin último de privatizar la educación”.

Recordaron que se ha llamado a una movilización para el 21 de noviembre en contra de estas reformas del sistema educativo que, insisten, afectan a los maestros y a la educación pública y gratuita.