Ante la postura planteada por uno de los grupos de Educación Especial en el sentido de que demanda que sólo se designe a ocho delegados para el congreso en una única asamblea estatal, ayer viernes el bando contrario se pronunció a favor de las reuniones regionales que fueron convocadas de manera legal y que, aseguraron, serían las reconocidas como legítimas.

En conferencia de prensa, negaron la versión de la actual secretaria general de la Delegación D-I-52, María Oliveria Valencia Araujo, al acusar que desde hace años ostenta el poder y que su fin último sería “conservar el control de la delegación”.

En contraparte, docentes de Educación Especial advirtieron que lo que se busca es que haya mayor representación de las regiones y de esta forma contar con un delegado más. Entre ellos, Mario González Arroyo, quien dijo ser instructor de dicho subsistema, expuso que “ésta es una inquietud desde hace muchos años de crear su delegación regional. Hace unos años se intentó hacer y la directiva en turno del seccional jugó con posiciones políticas, se hizo un referéndum, pero nos mayoriteó la mayoría del Valle de Cuernavaca. Por eso, ahora se exigió que se hiciera por regiones. Lo que ha pasado, por ejemplo, es que desde hace tres procesos la delegación que ha arrasado es la de Jojutla, porque son compañeros que se ganaron a la gente con componendas, con algunos manejos por demás, pero que también están muy ideologizados”.

Aseveró que el grupo de Oliveria hizo unas reuniones regionales sin haber consensuado con nadie, para nombrar a sus representantes regionales sin asambleas de por medio.

Lo que se quiere, explicaron, es hacer que tengamos comités delegacionales regionales y crear con el tiempo una coordinación con las ocho delegaciones regionales, porque hoy tenemos un comité ejecutivo delegacional que habla a nombre de todos y con ello negocian carteras y posiciones como sucedió en el conflicto magisterial donde ellos negociaron. Eran de la disidencia y al último acabaron con “carteritas pequeñitas”.

Llamaron a sus compañeros de la delegación a no acudir a la marcha del siete de noviembre, misma que, acusan, “tiene como fin boicotear nuestras asambleas regionales que sí están reconocidas y avaladas por la dirigencia sindical”.