De acuerdo con los datos recabados, el caso se remonta al 16 de agosto de 2010 cuando la señora Ernestina Tolentina Castro acudió a la delegación de la Procuraduría del Menor y la Familia en el municipio de Tlaquiltenango, para denunciar que su esposo Moisés Gilberto Romano de la Cruz la había golpeado.

La mujer tenía severos golpes en el rostro y cuerpo, tenía sangre en los labios, los dientes desalineados, la cara y piernas repletas de moretones. Ante el personal de la procuraduría, dependiente del DIF, Ernestina narró cómo su pareja la había vapuleado, su condición agonizante apenas le permitió terminar el relato cuando desmayó y fue llevada al hospital, pero lamentablemente murió a consecuencia del traumatismo craneoencefálico sufrido por los golpes.

El esposo de la víctima fue detenido por la Policía Ministerial, pero días después, el 25 de agosto, la jueza de Jojutla Bertha Paredes Noyolo determinó dejar en libertad al imputado por falta de elementos para sujetarlo a proceso como responsable del homicidio de Ernestina.

Y es que, según la información obtenida, en la causa penal 105/2010 la juzgadora consideró que los testimonios del personal de la delegación de la Procuraduría del Menor y la Familia no tenían valor probatorio, ya que manifestaban que no les constaba los hechos relatados por la víctima, a pesar de que se describió el mal estado físico en que llegó la mujer a la dependencia.

Asimismo, la funcionaria judicial tampoco dio valor probatorio a la denuncia redactada por el personal de la procuraduría y que la víctima no pudo firmar, debido a que se desvaneció como consecuencia de los golpes sufridos.

No obstante, el veredicto de la jueza fue apelado por el Ministerio Público y resuelto en segunda instancia por la primera sala del Tribunal Superior de Justicia, que revocó la sentencia de la juzgadora, ordenó la reaprehensión del responsable en enero de 2011 y dio vista al Consejo de la Judicatura.

Sin embargo, fue hasta finales de septiembre pasado cuando el Consejo de la Judicatura discutió el caso de la jueza, generando gran polémica entre sus miembros pues mientras algunos proponían la suspensión, pero el consejero Julio Ernesto Pérez Soria proponía sancionar a Paredes Noyolo sólo con una multa de cinco salarios.

Finalmente, por mayoría el Consejo de la Judicatura aprobó la suspensión del cargo por 30 días de la juzgadora, quien de inmediato promovió el juicio de amparo 1444/2011 ante el Juzgado Tercero de Distrito que le negó la suspensión provisional contra la medida el pasado 6 de octubre.

Incluso, la suspensión provocó la indignación de otros jueces y que el Consejo de la Judicatura llamara a los juzgadores a una reunión el pasado 11 de octubre para pedirles que actuaran conforme a derecho y evitaran incurrir en irregularidades o errores.

Hasta el momento, el Consejo de la Judicatura mantiene total hermetismo sobre el caso y a pesar de que este rotativo intentó localizar vía telefónica el presidente consejero Miguel Ángel Falcón Vega, quien se encuentra fuera del estado, éste no respondió los llamados.