Aun cuando en la reforma federal se estableció que los estados tenían tres años –contados a partir del 2009-- para ajustar sus legislaciones a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales y desarrollar toda la infraestructura material y humana indispensable, el representante del Poder Judicial expresó que el Alto Tribunal resolvió recientemente una contradicción de tesis --que se convirtió en tesis jurisprudencial y fue engrosada la semana pasada-- que determinó que los estados ya son competentes para atacar y sancionar la distribución y comercialización al menudeo de estupefacientes y enervantes.
Ante el resolutivo del Alto Tribunal, indicó que el Poder Judicial inició las primeras acciones para hacer frente a esta responsabilidad y en el proyecto de presupuesto para el 2012 el TSJ solicitó expresamente 40 millones de pesos para hacer frente a la reforma penal federal que delega a los estados la persecución y sanción del delito de narcomenudeo.
No obstante, esta situación pone en alerta a la entidad ya que en Morelos ni se ha legislado sobre el tema ni tampoco se ha desarrollado la infraestructura ni capacitado al personal de los operadores del sistema de justicia.
“Un criterio emitido por la SCJN derivado de una contradicción de tesis señala que ya los tribunales locales estamos en aptitud de conocer (sobre el delito de narcomenudeo) si bien es cierto que hubo esta reforma, pero se puede regir bajo el procedimiento que tenemos”, apuntó.
Incluso dijo que podría suscitarse algunos problemas de competencia jurisdiccional para definir cuándo un caso es de competencia federal y cuándo es del ámbito local, así como un choque de sistemas en virtud de que la federación usa aún el sistema tradicional de justicia penal y en Morelos se aplica el sistema acusatorio adversarial.
Sostuvo que ante la premura derivada de la resolución de la SCJN, el Tribunal Superior de Justicia inició los preparativos y contempló en su proyecto de presupuesto 2012 los recursos necesarios para capacitar a los jueces, crear la policía procesal encargada tanto del resguardo de los juzgados como de la seguridad personal de los juzgadores que conozcan los casos de narcomenudeo e instaurar salas especiales que permitan el desarrollo de los juicios en condiciones de estricta seguridad.
Asimismo anunció que la próxima semana un grupo de magistrados y jueces federales impartirá algunas conferencias para ilustrar a los jueces penales sobre su experiencia en el tratamiento y resolución de casos de narcomenudeo.
