En su momento hemos abordado el modelo de gobierno inteligente, el cual se refiere al uso adecuado, eficiente e inclusivo de las nuevas tecnologías para mejorar la funcionalidad del gobierno y proporcionar mecanismos claros para la participación ciudadana. Es decir, no se trata solo de digitalizar trámites y documentos, sino que las tecnologías estén al alcance de los ciudadanos y los acerquen a la toma de decisiones públicas.

Un gobierno inteligente va de la mano con el modelo de gobierno abierto. El gobierno abierto pretende que el uso de los recursos públicos y la toma de decisiones sean del conocimiento de todos. Que haya transparencia y rendición de cuentas y los ciudadanos puedan tener acceso a la información de gobierno. La tecnología y la digitalización es una vía para lograr un gobierno abierto.

Es claro que México lleva un rezago fuerte en cuanto a los dos modelos, pues nos quedamos en la etapa de la digitalización de algunos trámites y procesos, y solo algunos mecanismos de consulta popular son digitales. Por tanto, el acceso a la información y la participación social en las decisiones y programas de gobierno aún tienen mucho camino por recorrer.

Hay dos barreras que frenan la digitalización en México y en nuestro estado. Una de ellas es la desconfianza. Hay escepticismo ante lo digital. Por ejemplo, la firma digital no la valoramos igual que cuando hay una firma autógrafa. Sentimos que vale más tener un papel en la mano, que sacarlo de una máquina. Algunas leyes o trámites marcan la obligatoriedad de presentar documentos originales, y ello implica firmas de puño y letra.

La otra barrera también se deriva de la deshumanización que muestran una significativa proporción de funcionarios públicos, para mejorar los procesos y que éstos fluyan más rápido. No hay empatía hacia el ciudadano que debe dar vueltas y vueltas para concluir un trámite y, como lo ha dicho la actual presidenta, esto facilita la corrupción, pues las personas, desesperadas, ofrecen un pago clandestino para que sus trámites fluyan.

Una actitud abierta hacia la digitalización, tanto de los ciudadanos como de los funcionarios, nos permitirá avanzar en la ruta trazada. Pero es necesario que sea el gobierno el que propicie la reglamentación y condiciones claras para que la evidencia digital sea válida y aceptada en todos lados y por todas las personas, y que, complementariamente, haya una mejor preparación y actitud de los servidores públicos ante la digitalización.