Los resultados de los exámenes ya fueron notificados a los ediles Ramiro Figueroa Melgar de Coatlán y José Moisés Ponce Méndez de Puente de Ixtla, quienes no han dado de baja a sus jefes policíacos a pesar de no aprobar el examen de control y confianza.

Los alcaldes de estos dos ayuntamientos se suman al de Huitzilac, cuyo caso el mes pasado fue turnado a las instancias federales para comenzar el proceso legal en su contra, por haber violado la Ley General de Seguridad Pública al no someter a sus mandos al examen de control y confianza, o en algunos casos no despedirlos a pesar de no haberlos aprobado.

El fiscal estatal detalló que “han pedido los informes a los presidentes municipales y también se ha citado ante el Ministerio Público, a los elementos de la Policía que aparecen en los registros del instituto estatal de evaluación”.

La depuración de los elementos policíacos durará por lo menos otros tres meses, hasta que el centro de evaluación dé a conocer los resultados de todos exámenes practicados a personal de tropa y a los jefes de las policías municipales que deben dejar sus cargos.

La responsabilidad de estas disposiciones de la Ley General de Seguridad, precisó el procurador, no solamente afecta a los elementos de la Policía sino también a los alcaldes, quienes de manera flagrante no han cumplido con estas disposiciones legales para contar con policías confiables.

El procurador precisó que otros nueve expedientes se encuentran pendientes de resolver por parte del Ministerio Público, pero en próximas fechas cuando se dé a conocer de manera puntual qué alcaldes son los probables responsables de estos ilícitos.

Estos son los primeros tres casos de 12 expedientes, con los que cuenta la procuraduría del estado para iniciar procesos penales contra alcaldes de Morelos, que se niegan a que sus jefes policíacos sean separados del cargo, luego de demostrar que no reúnen los requisitos mínimos de confiabilidad en la materia.

Por el momento, la situación jurídica de los alcaldes y de los jefes policíacos es de indiciados en las investigaciones, pero el procurador manifestó que los alcaldes gozan de fuero constitucional y solamente el Congreso local puede separarlos del cargo.

Cabe recordar que el pasado 22 de julio el Consejo de Seguridad, dio un plazo de 15 días a los alcaldes para que dieran de baja a los jefes policíacos que desde medio año no habían aprobado los exámenes de control y confianza. Sin embargo de los 18 alcaldes requeridos solamente seis acataron el llamado y 12 están sujetos a investigación por parte de las procuradurías federal y de la estatal.