La fiscalía estatal sostuvo que “se suma a la campaña para reforzar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio e informar a la sociedad sobre los derechos que tiene, entre otros el de declarar como testigo en un proceso, y de los requisitos constitucionales exigidos para emisión y ejecución de una orden de cateo”.

Por ello, comunicó la fiscalía que “a partir de hoy los agentes del Ministerio Público que reciban las puestas a disposición de personas que hayan sido detenidas en el interior de sus domicilios, sin que se hayan agotado las formalidades para efectuar un cateo por parte de elementos policiales e integrantes de las fuerzas armadas, darán vista de dichas irregularidades administrativas ante los órganos de control internos competentes y cuando así lo amerite, inicien la averiguación previa respectiva”.

En el comunicado, la dependencia detalló que está en la disposición de coadyuvar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que exige que las autoridades ajusten sus funciones de investigación y persecución del delito con apego al marco constitucional y legal para de esta forma garantizar el respeto de los derechos humanos y por consecuencia al ámbito de la vida privada personal y familiar.

De acuerdo con la PGJ, para que pueda ejecutarse un cateo es necesario que sea autorizado exclusivamente por una autoridad judicial, que cuente con la debida fundamentación y motivación, que conste por escrito y exprese su objeto y necesidad, ubicación del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o aprehenderse y los objetos que se buscan o han de asegurarse, a lo que deberá limitarse la diligencia.

De igual manera, al inicio de la diligencia debe designarse los servidores públicos que intervendrán en el cateo y detención y redactarse un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia y que, por supuesto, no podrán ser los servidores públicos que auxiliaron al Ministerio Público.

El pasado 13 de agosto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación general 19 dirigida a los titulares de la Sedena, Semar, SSP, Segob, PGR, Procuraduría de Justicia Militar y de los gobiernos y procuradurías estatales ante la frecuente realización de cateos ilegales.

Además de pedir a las autoridades federales y estatales frenar las violaciones de derechos humanos, recomendó impulsar una adición al Código Federal de Procedimientos Penales y a los códigos penales estatales para que se soliciten, expidan y ejecuten órdenes de cateo conforme el artículo 16 de la Constitución.