El traslado de 182 reclusos a otros penales es ilegal, se quejan denunciantes.

Familiares de los reclusos que el viernes pasado fueron trasladados a otros penales del país, protestaron en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para exigir a las autoridades judiciales que atiendan de inmediato las quejas presentadas en contra de la medida. 

Cerca de medio centenar de mujeres, la mayoría vestidas con playeras rojas y cubrebocas, se concentró en la explanada del Palacio de Justicia en espera de poder reunirse con el titular del TSJ para saber por qué ningún juez ha convocado a audiencia para desahogar los recursos de queja presentados por las familias de los internos reubicados.

“Estamos afuera del tribunal para solicitar audiencia con el magistrado presidente para que nos reciba y él nos dé una respuesta del porqué el día de hoy lunes, seguimos sin una respuesta para audiencia. Desde el día viernes se estuvieron presentando promociones para solicitar ese auxilio y es la hora en que no tenemos ninguna respuesta”, dijo una de las mujeres que encabezaba la protesta.

Aseguró que el traslado a otros penales de 182 internos fue totalmente ilegal y a tres días de la reubicación, las familias no saben las razones y a qué centros penitenciarios fueron reubicados.

Indicaron que no buscan conflicto con las autoridades, pues su pretensión es tener información certera y tener la seguridad, no solo la legalidad de la reubicación, sino de que los internos se encuentran en buen estado de salud y que sus derechos humanos son respetados.

Las mujeres señalaron que la única información que conocen de manera extraoficial es que sus familiares fueron trasladados a centros de reinserción social en los estados de Michoacán, Guanajuato, Sinaloa y Durango.

La madrugada del 8 de marzo autoridades penitenciarias implementaron un operativo para el traslado a otros penales de 182 internos, con el argumento de que la reubicación tenía como fin mantener el orden y la gobernabilidad del sistema penitenciario estatal.