El representante legal de la familia, Cipriano Sotelo Salgado, precisó que la tarde del martes fue notificado de la resolución del juez militar, en la que deslegitima a los padres de la víctima para exigir que el caso sea atraído por un juez civil.

Explicó que el argumento del juzgador castrense fue que la familia carecía de personalidad y legitimidad jurídica para formular la petición, porque esa facultad es exclusiva de la “representación social”, en este caso el Ministerio Público Militar, o de los militares acusados de la tortura y homicidio de Jethro.

Indignado por el resolutivo, Sotelo Salgado sostuvo que el próximo lunes se promoverá el amparo ante un juzgado federal contra la determinación del juez militar, quien ha violentado principios constitucionales, al negarles el reconocimiento como afectados e interesados a los familiares de Jethro.

Afirmó que existen todos los elementos para que el caso Jethro sea atraído y resuelto por un juzgado civil, sin embargo hay resistencia por parte de las autoridades castrenses.

Manifestó que en este caso se trata de violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por militares en agravio de un civil, por lo que el juez castrense “resolvió con base en el Código Militar pero se le olvidó que existen garantías constitucionales que protegen los derechos de los ciudadanos”.

Dijo que el amparo indirecto ante un juzgado federal será el primer paso para “una lucha jurídica larga y dura”; en el supuesto de que se niegue el amparo, entonces se recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien (tras analizar la sentencia de la CIDH sobre el caso Radilla y varios) determinó que los juzgados civiles deben conocer los casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares contra ciudadanos y en caso de controversia entre juzgados civiles y militares será el pleno del Alto Tribunal el responsable de dirimirla.