Por unanimidad, el pleno legislativo aprobó adecuaciones a la Ley Estatal de Seguridad Pública y al Código Penal del Estado de Morelos, con las que se dan facultades al Consejo Estatal de Seguridad a fin de que promueva, proponga y concrete acciones para prevenir y combatir la explotación sexual de las personas.
Antes de las reformas antes mencionadas, el Código Penal del Estado de Morelos señalaba sanciones de 8 a 15 años de prisión para los responsables de la trata de personas. Sin embargo, no se determinaba como un delito de oficio; además, se determinó aumentar la pena hasta 60 años, con la justificación de que los delincuentes pensarán más antes de actuar.
“Este delito se investigará, perseguirá y sancionará de oficio siempre que se inicie, prepare o cometa en el territorio de la entidad, independientemente del lugar donde se produzcan o se pretenda se produzcan sus efectos. También se perseguirá, investigará y sancionará por las autoridades estatales el delito que tenga efectos o se pretenda tenga efectos en el estado, independientemente que se inicie, prepare o cometa fuera o al interior de la misma entidad”, según se señala en el dictamen aprobado ayer por el Congreso local.
Dentro de las modificaciones hechas a la Ley de Seguridad Pública, se trata de dar mayores atribuciones al Consejo de Seguridad, de tal forma que coordine acciones como la elaboración de estudios, programas de combate y prevención en la sociedad morelense a fin de abatir este delito que en Morelos va en incremento.
“Con estas reformas se blinda la trata de personas; con esto, con quien pudiera tratar asuntos de servidumbre de prostitución, pornografía tendría que pensar porque las sanciones son muy altas, en lugar de la ley de trata de personas. Sí es un avance importante que evita este tipo de prácticas”, afirmó el diputado priista Jorge Arizmendi García, quien impulsó dicha propuesta.
En un inicio, Arizmendi García había propuesto crear la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Sin embargo, en comisiones se determinaron reformas legales que obligan a atacar de fondo la problemática sancionada por la ley.
