La representante del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, Susana Díaz Pineda, desde hace meses realiza gestiones ante el gobierno estatal y el Tribunal Superior de Justicia para que se destine presupuesto para la instalación urgente de dichas cámaras no sólo en cumplimiento de una obligación legal del Estado, sino ante la vulnerabilidad en que se encuentran decenas de infantes por la falta de este instrumento.
Ante la insistencia de Díaz Pineda, recientemente la Secretaría de Gobierno emitió un oficio dirigido al presidente el TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega, en el que se le indicó que en el momento en que el tribunal solicite y especifique el monto necesario, el Poder Ejecutivo podría tramitar una posible ampliación presupuestal.
En contraste, el TSJ ha indicado en ocasiones anteriores que espera una ampliación presupuestal ya solicitada para la instalación de las cámaras de Gesell y otros pendientes en la administración de justicia. Sin embargo, han transcurrido seis meses sin que las cámaras de Gesell sean instaladas o por lo menos haya espacios adecuados para la estancia de los infantes durante el tiempo que duran los procesos penales.
Desde octubre de 2010 entró en vigor el decreto 586, por el cual el Poder Legislativo estableció dentro del Código de Procedimientos Penales la utilización obligatoria de la cámara de Gesell en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, y los delitos de secuestro y delincuencia organizada; y en los casos en los que a juicio del juzgador sea necesario para la protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
Bajo este contexto, se estableció que desde el inicio del 2011 el Tribunal Superior de Justicia estaría obligado a instalar cámaras de Gesell en las salas de juicios orales.
Hasta el momento, sólo en el Primer Distrito Judicial –con sede en Cuernavaca- se ha acondicionado un muy pequeño espacio, con una silla, un escritorio y un monitor que conecta con una de las salas de audiencias. En este lugar, completamente gris y más parecido a una sala de interrogatorios, los niños testigos o víctimas del delito han pasado horas encerrados hasta que concluyen las respectivas audiencias. No tiene material didáctico ni una ambientación adecuada –como así lo exige la psicología y pedagogía- para confortar a los menores durante su asistencia a los juzgados.
En los Distritos Judiciales Quinto y Sexto, con sede en Yautepec y Cuautla, no existen tampoco espacios adecuados, al grado que los jueces han tenido que improvisar tendederos con sus togas colgadas para cubrir a las víctimas o testigos.
