Recibió con beneplácito las reformas realizadas por el Congreso local para eliminar las cuotas escolares y establecer sanciones a quienes nieguen o condicionen a los estudiantes y sus padres el ingreso a los centros educativos.

Consideró que la reforma legislativa “es un avance significativo”; sin embargo, dijo que la CDHEM también ha tomado cartas en el asunto porque nadie debe violar el derecho a la educación.

En este contexto, la defensora de los derechos humanos adelantó que en los próximos días emitirá la comisión una recomendación a causa del cúmulo de quejas promovidas por padres de familia desde antes del inicio y durante el transcurso del actual ciclo escolar.

“La comisión emitirá una recomendación pues hay evidencias del cobro de estas cuotas que rebasan los 470 pesos y todavía se siguen cobrando; ya tenemos un pronunciamiento para solicitar el inicio de procedimientos administrativos a las autoridades involucradas (docentes y directivos) en las escuelas en las que se demostró el condicionamiento del servicio educativo”, afirmó.

Dijo que el proyecto de la recomendación está en revisión y en los próximos días la CDHEM estará en condiciones de emitirla para que las autoridades no sólo apliquen sanciones a quienes resulten responsables de imponer cuotas escolares y restringir el servicio educativo, sino para que durante el periodo de inscripciones tomen las medidas necesarias para prevenir y frenar el cobro “abusivo y excesivo” de cuotas a los padres de familia.

En el 2010, la CDHEM recibió 63 quejas de padres de familia de diferentes instituciones educativas ubicadas en Cuernavaca, Ocuituco, Jiutepec, Tlayacapan, Tetela del Volcán, Puente de Ixtla, Emiliano Zapata y Tepoztlán, por la exigencia de cuotas para la inscripción estudiantes a los planteles de educación básica.

Incluso, en algunas denuncias los padres de familia declararon que sus hijos fueron víctimas de represalias de directivos y docentes, quienes segregaron a los menores, los cambiaron de turno y hasta los exhibieron ante sus compañeros como deudores. En este caso, se reclamó el daño psicológico que sufrieron los adolescentes.

Por otra parte, Benítez Villaseñor detalló que la comisión investiga la queja iniciada por una madre familia que denunció que en la Secundaria 1 “Froilán Parroquín”, donde presuntamente se condiciona la inscripción a la firma de un documento donde se exige a los alumnos hacer honores a la bandera. “Esto es violatorio de las garantías fundamentales y es una acto discriminatorio”, afirmó.

Dijo que se indaga sobre quién emitió dicho documento que no tiene firmas pero sí tiene logotipos del plantel y del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Por esta razón, el organismo ya requirió informes al IEBEM y se le ha solicitado que aplique medidas para evitar cualquier tipo de discriminación por condición económica, raza o religión.