Agustín Ponciano García García expresó estar harto de injusticia y tanta impunidad pues su familia ha pasado de ser víctima a acusada de un delito que no cometió y está a punto de ser desposeída de su hogar luego de una larga lucha jurídica de casi 14 años.

Narró que a las 3:00 de la mañana del 1 de noviembre de 1997 un vehículo Ford Ghía con placas PVC7277, conducido en estado de ebriedad por Alan Escorza Reyes, invadió el carril contrario y se estrelló contra la Combi conducida por su hijo Agustín García Urbina, quien resultó seriamente lesionado.

Sin embargo, en auxilio del conductor ebrio salió su tío y propietario del vehículo, Javier Mendoza Duarte, de profesión cardiólogo y con influencias dentro de la Procuraduría General de Justicia.

Ponciano García detalló que en el lugar del siniestro el oficial de tránsito Elías Vázquez Sánchez y el médico cardiólogo llegaron a “un acuerdo” y en el parte informativo redactado por el oficial apareció que su hijo era el responsable del choque y el otro conductor -que conducía ebrio, sin licencia de manejo y había invadido el carril contrario- resultó exonerado debido a que se presentó a Fidel Mendoza Escorza, hijo del médico, como el chofer del Ghía a pesar de no haber estado en el momento de los hechos.

Explicó que al llegar ante el Ministerio Público de la PGJ, Luciano Morales Mondragón, éste les negó un defensor de oficio y sin haber peritajes por parte de la procuraduría validó por completo el parte informativo del agente de tránsito.

Entonces, dijo, el agente del Ministerio Público y el doctor Javier Mendoza Duarte “hicieron rehén a mi hijo seriamente herido y nos amenazaron con consignarlo como culpable del choque si yo como padre no firmaba un pagaré de 14 mil pesos más un 10 por ciento mensual y daba el perdón por daños al falso conductor”.

Después de esto, Ponciano García manifestó que el responsable del accidente nunca se hizo cargo de las lesiones de su hijo ni de la reparación de los daños causados a la Combi. En cambio, el médico utilizó el pagaré para embargar su casa por un supuesto adeudo de 200 mil pesos y lo acusó del supuesto delito de difamación.

“Durante 13 años sic) se han burlado de nosotros. Hubo total fabricación de inocentes y culpables en la averiguación previa HG/6ª/686/97-11 y el choque fue causado inocultablemente por Alan Escorza Reyes y no por Agustín García Urbina”, dijo al señalar que debido a esta serie de irregularidades, vicios e impunidad, su familia está a punto de quedarse sin hogar.

Agregó que la huelga de hambre es su último recurso para frenar la impunidad y rescatar su casa que está bajo remate judicial.

Se deslinda PGJ de acusaciones

Mediante un comunicado emitido la tarde de ayer, la PGJ precisó que no tiene competencia en el asunto de Ponciano García en virtud de que el litigio se ventila a través de un juicio mercantil.

“Agustín Ponciano comparece ante el Ministerio Público manifestando que ya había cubierto la cantidad de 14 mil pesos mediante un pagaré y otorgaba el perdón a Javier Mendoza Duarte. Motivo por el cual se presume que tal vez dicho dinero no fue liquidado en la fecha pactada, por lo que la parte ofendida hizo efectivo el documento ante la instancia judicial y derivado de una sentencia ejecutoria ahora le quieren embargar su casa al señor García García; sin embargo este asunto es mercantil, ya no está en las manos ni es competencia de la Procuraduría General de Justicia”, dice el comunicado.

La PGJ detalló que en 1998 Ponciano García denunció penalmente al Ministerio Público Luciano Guadalupe Morales Mondragón y al oficial de tránsito Elías Velázquez Sánchez por diversos delitos como abuso de autoridad y extorsión, entre otros.

En ese mismo año se dictó acuerdo de no ejercicio porque no se acreditó la figura delictiva. Cabe destacar que Luciano Guadalupe Morales renunció de manera voluntaria al cargo de MP el 31 de diciembre de 1998.

El 1 de enero de 2005, Ponciano García presentó una nueva denuncia penal en la averiguación previa SC/1ª/01/05-01 por extorsión, fraude procesal, falsificación de documentos, abuso de autoridad y secuestro exprés nuevamente en contra de los antes referidos y otros presuntos responsables, de la cual se dictó acuerdo de no ejercicio por prescripción en virtud de que los hechos denunciados se suscitaron en 1997.