La denuncia no ha prosperado y hay amenazas, expone  

Maciel Calvo

Desesperada y clamando a gritos, Inocente Jaime Hernández imploró la ayuda del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ayudar a su hija, la sargento segundo Adarely F., quien fue víctima de abuso sexual dentro de las instalaciones de la 36ª. Zona Militar con sede en Tapachula, Chiapas.
La mujer, artesana y oriunda del municipio de Jiutepec, realizó una protesta en el zócalo de Cuernavaca en busca de vías de contacto para llegar al más alto nivel gubernamental para exponer el caso de su hija, ante el temor de que pueda ser desaparecida o asesinada.
Narró que Adarely en el 2012 ingresó a las fuerzas armadas y comenzó su labor castrense en el Hospital Militar de Cuernavaca. En 2012 fue enviada a Morelia, Michoacán, donde recibió su ascenso como sargento segundo gracias a su esfuerzo y preparación y, finalmente, fue trasladada a Tapachula, Chiapas.
Ahí, se topó con mandos militares que comenzaron a molestarla y luego a hostigarla porque se negaba a salir con ellos. Pero el pasado 23 de abril, el teniente coronel de infantería Dorian Polanco Trujillo la agredió sexualmente mientras ella se encontraba en su área de trabajo en la 36 zona militar. El abuso sexual fue presenciado por personal militar, sin que nadie interviniera.
Adarely decidió denunciar la agresión ante sus superiores y en la Dirección General de Derechos Humanos y Observatorio para la Igualdad en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana (FAM), que la ignoraron o se declararon incompetentes para conocer su caso.
De inmediato llegaron las amenazas del general de brigada Miguel Ángel Hernández Martínez y otros mandos militares para obligarla a desistirse de la denuncia, con la advertencia de que podría ser expulsada de las filas castrenses.
A la fecha, dijo su madre, nadie ha apoyado a su hija y teme que sea nuevamente agredida o, peor, que peligre su integridad.

A gritos, con un evidente cansancio a cuestas y con los ojos enrojecidos por el llanto, imploró a los medios de comunicación hacer llegar la denuncia al gobierno de Morelos y de la República, para que el presidente y el secretario de la Defensa Nacional tomen cartas en el asunto urgentemente.
Dijo al señalar que su hija sigue en la lucha legal contra su agresor y contra el intento de expulsarla de la milicia por atreverse a denunciar, pero ella también vive con miedo no solo de que sea echada de su puesto sino que la violencia en su contra aumente.