De acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2007 a diciembre de 2010 ocurrieron un total de 3 mil 545 homicidios, de los cuales 529 fueron clasificados por el SNSP como “ejecuciones” (definidas por el gobierno federal como homicidios con extrema violencia) presuntamente relacionadas con el crimen organizado. En 146 casos, las víctimas fueron jóvenes y adolescentes entre 16 y 30 años de edad, y por lo menos siete eran menores de 15 años.

El vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, José Martínez Cruz, expresó que las cifras del SNSP superan las estadísticas proporcionadas por la procuraduría estatal que hasta el momento se ha negado a dar información precisa y nunca ha presentado comparativos respecto al número total de homicidios y los que están presuntamente relacionados con el crimen organizado.

Dijo que es indispensable que las autoridades estatales que presumen de coordinación con la federación y poseer información actualizada a través de Plataforma México, apliquen políticas de transparencia reales y permitan a la sociedad comprender el fenómeno delictivo.

Además, afirmó, es inconcebible que se pretenda ocultar este tipo de información que es fundamental para que las instituciones puedan crear y aplicar políticas anticriminales.

Martínez Cruz señaló que el movimiento civil –gestado a partir del homicidio de Juan Francisco Sicilia Ortega, estudiante e hijo del poeta Javier Sicilia-, además de justicia, exige a las instituciones aplicar políticas integrales de atención a los jóvenes, los adolescentes y los niños.

Indicó que ante las muertes de jóvenes y menores de edad a manos de la delincuencia organizada, crece la exigencia de “ni un hijo más asesinado”, pero también el esfuerzo de grupos de la sociedad civil por llevar cultura y arte a las calles, a las comunidades y colonias, con la finalidad de recuperar la vía pública como espacios de recreación y convivencia comunitaria.

Sin embargo, subrayó, estos esfuerzos serán insuficientes si las autoridades no aplican políticas públicas integrales dirigidas a la población juvenil e infantil.

Sostuvo que las autoridades no pueden aducir que los homicidios y la incorporación de muchos jóvenes a las filas de la delincuencia son producto de la “falta o pérdida de valores” y que se necesitan medidas conservadoras, coercitivas y disciplinarias.

Por el contrario, es necesario masificar la educación, la cultura y recreación; de lo contrario, continuará la exclusión y marginación de los jóvenes y niños.